Pedro Sánchez ha respondido, tras el nuevo requerimiento independentista de sus hipotéticos socios de Gobierno, que no habrá referéndum en Cataluña. Los secesionistas insisten, sin embargo, en que sí. Se dilucida, por tanto, si la negativa del candidato socialista responde a su retórica del "no es no" o hay que fiarla a aquella otra "de entrada no", con la que el viejo PSOE quiso disipar los fantasmas de la OTAN con los resultados que todos conocemos.
El problema del referéndum sobre la independencia no es sólo constitucional. El problema es que lo exigen de manera insistente, y sin otra ventana abierta al diálogo, los que están siendo juzgados por rebelarse contra España desde las propias instituciones del Estado y de una forma, además, que parece no admitir cualquier otro tipo de solución para Cataluña que no sea esa. Unidas Podemos, si no me equivoco y ha cambiado de posicionamiento, piensa que esa es también la única salida para resolver el histórico contencioso con los nacionalistas catalanes.
Llegado el caso, el futuro de Cataluña y de España tendrán que decidirlo todos los españoles, no sólo una parte al tratarse de un asunto que le afecta pero también a los demás. ¿Quiénes son los partidarios del derecho a decidir para decidir quién decide sobre el porvenir de una nación que arrastra tan larga convivencia?
Los defensores de ese supuesto derecho renuncian, al reclamarlo, a cualquier marco legal establecido. Aunque la Constitución española no lo reconozca, aunque la Unión Europea tampoco lo ampare, y pese a que el derecho internacional sólo contemple la libre determinación de los pueblos colonizados, para ellos la autodeterminación parece otorgarse por inspiración divina.
El sueño ciego de unos pocos no debe convertirse en la pesadilla de todos.
