Escribo estas líneas el mismo día que se vota en el Congreso el proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley de Educación, la LOMLOE, también conocida coloquialmente como Ley Celaá.
Se trata de una Ley en trámite parlamentario que no ha sido debatida, dialogada ni pactada con los agentes educativos, gestada directamente en los despachos de quien gobierna, al margen del interés general y de la necesidad de dotar de estabilidad al sistema educativo, fruto de las pretensiones ideológicas del gobierno de turno, como ha ocurrido con las siete leyes anteriores.
El profesorado es, una vez más, el gran olvidado: no sólo no se le consulta, a pesar de ser el responsable de poner en marcha la reforma, sino que de nuevo se obvian sus condiciones laborales, consolidando una profesión desregulada, que carece de una Ley de la Profesión Docente (donde se reglamenten, entre otros aspectos, los requisitos de formación inicial para el profesorado de las enseñanzas no universitarias) y de un Estatuto de la Función Pública Docente (que recoja desde el ingreso y acceso a los cuerpos docentes, y la carrera profesional, hasta la jubilación anticipada), como ANPE reclama.
La Educación es un derecho consagrado en la Constitución, pero uno tras otro, los gobiernos de España la han utilizado como si de su exclusiva propiedad se tratara, como arma arrojadiza para atacar otras posiciones. La imposibilidad para llegar a acuerdos y tratar la Educación como una cuestión de Estado, es el principal lastre de nuestro país. Los políticos no están a la altura de lo que la sociedad les demanda: un Pacto por la Educación que dote de estabilidad al sistema educativo, al margen de intereses partidistas.
Ahora, han cavado un agujero para enterrar todo atisbo de acuerdo, degradando aún más, si cabe, el prestigio de la enseñanza, al proponer eliminar el castellano como lengua vehicular, y promocionar y titular sin importar el número de asignaturas suspensas, una suerte de aprobado general encubierto.
Esta y otras medidas populistas, contrariamente a lo que algunos piensan, a quien más perjudica es a las clases sociales más desfavorecidas y a la propia enseñanza pública: los ricos siempre podrán llevar a sus hijos a centros donde se exija y se aprenda con rigor académico (como la propia Celaá hizo con sus hijas), pero los pobres sólo han contado históricamente con el esfuerzo y el mérito para progresar socialmente, que ahora se les arrebata, alcanzando títulos académicos que habrán perdido su valor al titular todos por igual, suspendas o no.
En definitiva, se trata de una oportunidad perdida para haber abordado, desde el consenso, la profunda modificación que precisa el sistema educativo español y conducirlo a la excelencia, rebajando las elevadas tasas de abandono y fracaso escolar.
Para nosotros, ANPE y los profesionales docentes, la Educación sí importa, y no vamos a transigir con una norma que puede acabar poniendo la puntilla a la Enseñanza Pública, convirtiéndola en un gueto.
