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Ninguna ley educativa cambiará nada sin contar con el profesorado

El pasado jueves una nueva Ley Educativa, la LOMLOE, fue aprobada en el Congreso de los diputados. La UGT se ha posicionado a favor de la Ley porque consideramos que es un primer paso para una reforma más profunda. Su mejor aportación es que elimina los aspectos más lesivos de la LOMCE.

La LOMCE sí que fue una ley sin consenso. Fue el máximo exponente de los delirios autoritarios de un partido político que por entonces tenía mayoría absoluta. De qué otro modo se puede calificar una Ley que incluyó:

  • Que era posible segregar por sexos con dinero público.
  • Que estableció unos itinerarios que convertían el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado en una carrera de obstáculos que segregaba al alumnado en edades muy tempranas.
  • Que establecía que un 10 en religión tenía el mismo valor que un 10 en matemáticas por ejemplo.
  • Que un grupo inversor ajeno a la educación pudiera acceder a suelo público para crear un negocio con el eufemístico argumento de la demanda social.
  • Que establecía unas evaluaciones que podían imposibilitar la obtención de la titulación tras una evaluación continua positiva por parte de los equipos docentes.

La Ley Wert y los recortes en Educación aplicados a partir del 2012 respondían a una estrategia claramente definida. Se trataba de deteriorar lo público para generar la necesidad de una enseñanza privada. Es la misma estrategia que se ha aplicado a lo sanitario, a la dependencia o al sistema de pensiones.

He de confesar que he visto con perplejidad el espectáculo de parte de nuestros representantes golpeando sus escaños y pidiendo libertad. Esta teatralidad de la derecha política (VOX, PP, CIUDADANOS) y de los sindicatos corporativos de la Concertada, ha fortalecido al Gobierno que, dado el rechazo de la oposición política, nos quiere convencer de que la LOMLOE es una nueva conquista social.

Lo cierto es que los cambios introducidos en la Ley son tan poco relevantes que apenas van a cambiar nada. Ni se van a cerrar los centros concertados ni los centros de educación especial; no se va a dejar de impartir la religión, ni el castellano va a dejar de hablarse en Cataluña, éste es el punto más político de la Ley y por tanto el más estéril en el debate educativo.. Debajo de este enfrentamiento ficticio hay una Ley que muy pocos se han leído en profundidad. Esta Ley nos devuelve al 2013, nada más.

El espectáculo mediático en torno a la LOMLOE no aporta nada. Las noticias falsas y siempre intencionadas generan un ruido que impide hablar de lo importante. Al Sector de la Enseñanza de la UGT nos hubiera gustado que el debate fuera otro. Que las familias tengan que pagar por lo que debería ser gratis tiene consecuencias diversas: que los titulares de los centros educativos tendrán menos ingresos o que las familias con menor poder adquisitivo tendrán más posibilidad de elegir el centro educativo al que quieren mandar a sus hijos. Ninguna de esas consecuencias altera la calidad educativa que es lo que verdaderamente debería importarnos a todos.

El debate social debería centrarse en otros temas. La Ley debería abordar la bajada de las ratios y la reducción de la carga lectiva del profesorado; menos horas y menos alumnos dan como consecuencia estudiantes mejor atendidos y una mayor calidad educativa. Al Sector de la Enseñanza de UGT nos hubiera gustado que se hablase de un sistema transitorio de acceso que rebaje unas tasas de interinidad insoportables. En la actualidad más del 25% de plantilla trabaja en régimen de interinidad, muchos de ellos con contratos a media jornada. Nos gustaría que se hablase del Estatuto Básico del Docente que ha de incluir una carrera profesional acorde con la responsabilidad de las funciones docentes. En Asturias se discrimina al profesorado privándole del segundo tramo del Plan de Evaluación Docente frente al resto de los funcionarios del Principado. La Ley debería tener como objetivo un presupuesto de al menos del 7% del PIB que nos acercara a los países de nuestro entorno.

Después de ocho leyes educativas en cuarenta años algo está claro: los políticos siempre intentan controlar la educación porque creen que así formarán ciudadanos adeptos de derechas, izquierdas o nacionalistas, pero se olvidan de que ninguna reforma educativa cambia nada sin contar con el profesorado.

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