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La FINBA y la investigación sanitaria en Asturias

Razones por las que el Principado carece, de forma inexplicable, de un instituto acreditado para desarrollar la biomedicina

Estos días ha saltado a la prensa una polémica en relación con la FINBA, la Fundación para la Investigación Biosanitaria del Principado de Asturias. No es ese tema el objeto de este artículo, pero sí un par de cuestiones generales: ¿Tiene Asturias, con la FINBA, el mejor diseño institucional para el impulso de la investigación sanitaria? ¿Cómo es que Asturias y el HUCA sean una excepción, entre los centros sanitarios punteros del país, al no haber obtenido la acreditación como Instituto de Investigación por parte del Instituto de Salud Carlos III?

La FINBA es una particularidad de Asturias. En España la organización de la investigación sanitaria, de acuerdo con la ley de investigación biomédica de 2007, está basada en Institutos, como forma de apoyo a la investigación realizada en los centros sanitarios y facilitar la colaboración con empresas, universidades y otras instituciones. Así están organizados los principales hospitales en nuestro país. En Asturias, en cambio, se creó la FINBA, en 2014, constituida por la Administración y empresas en principio no vinculadas a la sanidad, con el doble objetivo de gestionar la investigación sanitaria pública e implicar a instituciones privadas en la financiación de esa investigación. A su vez, la FINBA impulsó la creación del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA), en 2016, con el fin de obtener el reconocimiento como centro de investigación por el Instituto de Salud Carlos III, ya que el real decreto 329/2004 (sustituido por el 279/2016) reserva esta acreditación a los Institutos de investigación de los centros sanitarios.

A lo largo de la corta historia de la FINBA, se han visto las dificultades para obtener financiación de las empresas privadas. El planteamiento de relación con las empresas es el de apelar al altruismo de las mismas. Es muy distinto a la colaboración público/privada, dónde lo que hay es un interés mutuo por parte de la Administración (interesada en las prioridades públicas) y la empresa privada (que responde a las prioridades públicas, pero incorporando esa actividad a su propio negocio). La experiencia demuestra que los simples planteamientos altruistas son de corto recorrido. Es lo que ha ocurrido con la FINBA: prueba de ello es que en el último año la financiación privada fue de 250.000 euros y la pública de algo más de 1.000.000 de euros. Estas cifras nos hacen pensar que los planteamientos de una financiación de la investigación sanitaria por parte de las empresas privadas no sanitarias de forma altruista era una pura fantasía. Nada grave, si no fuera porque se presenta a la FINBA como el instrumento “para cambiar el modelo productivo de Asturias y avanzar hacia la sociedad del conocimiento”. Todo eso, ¿con algo más de un millón de euros al año?

La gestión separada de la investigación respecto a la gestión sanitaria viene impuesta por el real decreto de constitución de los institutos de investigación, a través de una fundación que les dé personalidad jurídica propia. Normalmente, estas fundaciones son públicas e instrumentales. En muchos casos, la Fundación es el propio Instituto. Lo que es un rareza es que sea una fundación privada y que, en lugar de ser la consecuencia de la creación del Instituto, sea una el origen del mismo. Se da, además, la paradoja de que la gestión de la investigación sanitaria pública en Asturias se deja a un organismo en cuyo patronato las empresas privadas, en general no vinculadas a sanidad, disponen de una mayoría del 60 por ciento.

Con todo, lo más llamativo es la ausencia de acreditación del ISPA como instituto de investigación por el Instituto de Salud Carlos III. Esto es una anomalía grave, que distancia al HUCA y al conjunto del sistema sanitario asturiano de los centros punteros en España. Para acceder a ciertos fondos y tener un reconocimiento en la comunidad científica esta acreditación es imprescindible. Además, se da la circunstancia de que esto no se corresponde con el nivel de producción científica del sistema sanitario asturiano, que está por encima de la media en España, tómese el parámetro que se tome. Tal vez el carácter atípico de la FINBA y la tardía constitución de la ISPA estén en la base de esta ausencia de acreditación.

¿Alguna solución alternativa? Por supuesto que puede haberla. Eso pasa por varios puntos: 1) Acreditación del Instituto. Esta debe ser una prioridad absoluta tanto para el Gobierno del Principado, como para el HUCA, como para el ISPA. Asturias no puede permitirse un nuevo fracaso en esta línea. La acreditación es el pasaporte de ciudadanía para circular en el complejo mundo de las agencias nacionales e internacionales de apoyo a la investigación sanitaria. 2) Redefinir la función de la FINBA, aprovechando su personalidad jurídica para convertirla fundamentalmente en la herramienta instrumental de gestión en apoyo del ISPA y, tal vez, en incubadora de empresas, como existen otras ligadas a institutos de investigación sanitaria. 3) Mejora de la financiación pública. El deseo de captación de financiación privada no puede ser un pretexto para minimizar la financiación pública. Esta tiene sentido con el fin de garantizar una mínima infraestructura, apoyo a la investigación y formación de investigadores. Aunque, por supuesto, la mayor parte de la financiación de proyectos debe venir de la financiación competitiva, obtenida a partir de organismos nacionales e internacionales. Y 4) Planteamiento de colaboración público/privada real, con empresas interesadas en la investigación sanitaria y en la que esta sea parte sustancial de su negocio, como son las empresas farmacéuticas y biotecnológicas, de tecnología médica y de tecnologías de la información en salud.

Este, en mi opinión, es el debate que interesa tanto al sistema sanitario asturiano, como a los investigadores, como al propio Gobierno regional.

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