Hace unos días, miles de españoles vieron a través de la televisión la cerrada ovación que siguió al recuento de votos con que el Congreso recibió la aprobación de la ley de la eutanasia. Y muchos de ellos, millones, hubieran querido que la decisión de los parlamentarios hubiera sido recibida con un solemne silencio como homenaje a los van a morir. Incluso, entre las palmas de entusiasmo había algunas de médicos, cuya profesión es la de salvar vidas y no de cercenarlas, según el juramento hipocrático, si es que aún sigue existiendo. Así, viven la bipolaridad entre la moral médica y la disciplina partidista, que se justifican en la conciencia dispersa de la misma persona. ¿Y quién despenaliza la conciencia? Y digo todo esto, porque en esta situación tan volátil, le llaman de progreso, los acontecimientos se suceden a tal velocidad que, ocupados por la pandemia, los ciudadanos no acaban de enterarse de lo que les echan encima, casi de tapadillo, sus representantes.
Y entre ovaciones y progresos, recordé a los ancianos que habían pasado en la UCI desde marzo y que, al fin, lograron sobrevivir al virus, después de que los médicos hubieran puesto al corriente a sus familiares del estado terminal de los pacientes. Por eso, los sanitarios les abrieron pasillo y ovación cuando en silla de ruedas los llevaban a la planta para su recuperación definitiva. Fue una ovación a la vida, porque acababan de ganarle un duro pulso a la muerte. Y me pregunté qué les hubiera ocurrido si la ley de la eutanasia hubiera estado ya aprobada. ¿Cuál hubiera sido el desenlace para su extrema gravedad, ya en la frontera? Hoy siguen vivos, felices y con la alegría de quienes los rodean.
Y a partir de ahí, la ley aprobada por mayoría en el Congreso, la democracia de los números heterogéneos, se abren algunas interrogantes ante la decisión parlamentaria, como, se me ocurre, la desconfianza que suscitarán al enfermo y sus familiares los médicos y sanitarios que los tratan a pie de cama, un sentimiento íntimo real, aunque quienes los atiendan sean fieles a los principios de la ética de su ejercicio profesional. ¿Ocurrirá o no esa situación, especialmente cuando la enfermedad se agrave pero el enfermo se agarre con vehemencia a la vida? ¿Se dará esa circunstancia? Puede darse. O, más grave aún, que una parte de la sociedad piense que a la sombra de la ley se diezme a la población de los ancianos gravosos para el Estado. ¿Puede llegar ese momento? Y las herencias, ¿llegarían a provocar decisiones extremas en situaciones de tensión ante desavenencias familiares? ¿Tal vez llegaría a ocurrir? Incluso todo eso podría darse en parientes o próximos a los propios votantes.
Efectivamente, la ley, como contrapeso, añade una serie de garantías burocráticas, que la rutina y el paso del tiempo podrían abreviar trámites y el populismo de mañana llevarse por delante toda la tramoya. Porque lo que no conviene pasarse por alto, es la deriva de erosión de los principios en los que se asienta la convivencia de la que los españoles vienen disfrutando desde hace cuarenta años, aunque este Gobierno de la discordia permanente nos haya llevado la inquietud al alma y la sospecha de pérdidas a los bolsillos.
Todo esto lo piensan miles de españoles. No es una ocurrencia. Y también piensan que el Estado debería de ocuparse de dotar a los hospitales de medios paliativos para, sin aplicar una inyección letal como a los condenados en USA, ayudar a vivir el último trance sin dolores ni agitación que alteren la necesaria paz del cuerpo y del espíritu en el camino final hacia la muerte. Pero esto no es progresista.
