Sucede algo extraño con la industria asturiana: todo el mundo le declara amor, pero nadie parece dispuesto a salvarla. Los sucesivos gobiernos de Asturies se han golpeado el pecho una y mil veces prometiendo que se mantendría el empleo, que habría inversiones, que se protegería la actividad en las comarcas mineras, que se lograría atraer a multinacionales. Llevamos así cincuenta años, viendo pasar un acuerdo tras otro, leyendo acerca de “alianzas” que duran lo que dura un titular. ¿Cuál es el resultado? Que ha habido más “acuerdos por la industria” que empresas creadas, más fotografías que inversiones, y más palabras que hechos. Hace 50 años había 110.000 empleados en el sector industrial; ahora hay 53.000. Suzuki, Evasa, Sodes, Vesuvius… Un larguísimo ramillete de industrias cerradas, la ruina para comarcas enteras. ¿Y en qué situación se encuentran las pocas empresas que quedan en Asturias? Hablar de Arcelor, Duro Felguera o Alcoa es hablar de un eterno ciclo de despidos, reducción de producción y amenazas de deslocalización. Esa es la realidad del sector industrial asturiano: muchos acuerdos, muchas fotografías, pocas inversiones, miles de empleos destruidos. Un sector a la deriva.
Ahora, en 2021, el Gobierno asturiano lanza un acuerdo –otro más– que no plantea nada que nos haga pensar que, esta vez sí, hay un plan realista para salvar a nuestra industria. Al contrario, el acuerdo suscribe la teoría de la patronal de las empresas electrointensivas, que afirma, en resumen, que si las empresas instaladas en España no son competitivas es porque pagan más por la electricidad que las empresas de otros países europeos (dato que se contradice con la información estadística que publica la Unión Europea). Curiosamente, es lo mismo que dice la patronal del Reino Unido, y lo que dice la de Francia y, en general, lo que afirman todas las patronales, con un objetivo común: reducir costes y aumentar beneficios. ¿Cómo lo hacen? En lo laboral, regulando plantillas y precarizando el empleo. En lo político, presionando para pagar menos impuestos y recibir ayudas sin condiciones. No es ninguna novedad. Lo novedoso es que el Gobierno asturiano y los partidos que firman la “Alianza por la industria” acepten esta demanda de ayudas millonarias, sin aportar un solo informe oficial del precio real de la electricidad industrial.
Aún peor: si prospera la propuesta de la Alianza, que es la de la patronal, las grandes empresas electrointensivas pagarán la luz más barata, sí, pero porque la factura la pagarán los ciudadanos de a pie y el resto de PYMEs –comercios, peluquerías, restaurantes– en su factura de electricidad. Y es que hay que recordar que según el Artículo 13 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, el sistema tiene que autofinanciarse, es decir, que cualquier subvención recibida se cargará al conjunto de consumidores y empresas. ¿Es justo que paguemos en nuestro recibo de la luz la factura de unas empresas que amenazan constantemente con ERTEs y despidos? Llevamos décadas subvencionando a grandes empresas que prometen quedarse y salvar el empleo, y llevamos décadas viendo cómo esas mismas empresas venden a sus plantillas, llaman a fondos buitres y, con la connivencia de la administración, dejan tiradas a familias y comarcas. Si seguimos por este camino, la destrucción de la industria será irreversible.
Necesitamos cambiar de paradigma. Basta de acuerdos de cara a la galería. Basta de fotografías sin contenido. Desde Podemos Asturies presentamos varias alegaciones, que fueron rechazadas. Planteamos una reforma del sector eléctrico que erradique oligopolios y rebaje el precio de la luz para el conjunto de consumidores y empresas; realizar un informe anual de precios de la electricidad industrial; un fondo público de rescate que invierta en la industria asturiana; aceptamos que hubiera subvenciones, sí, pero no gratis: condicionadas a mantener el empleo, a la participación pública en el consejo de administración, a un compromiso de permanencia (para que quien reciba dinero público no se deslocalice después), o a inversiones en modernización y eficiencia de las instalaciones, en estado ruinoso. En definitiva, una auténtica estrategia industrial. Por eso no podemos firmar este acuerdo: no podemos blanquear las teorías de la patronal, que hacen más ricas a multinacionales pero no evitan su deslocalización posterior. No podemos aceptar una política de ayudas a fondo perdido, sufragadas por lo público, que no tengan contrapartidas, que no garanticen un empleo de calidad, que no incluyan cláusulas medioambientales y, sobre todo, que no aseguren la permanencia de las empresas. ¿Cuántas empresas tienen que cerrar para que aprendamos la lección?
La industria asturiana no se salvará ni con fotografías de grupo, ni subiendo impuestos a la ciudadanía, sino con medidas decididas que frenen deslocalizaciones futuras. Esa es la apuesta de Podemos Asturies: que la industria asturiana sea considerada estratégica y que los gobiernos se impliquen para proteger el empleo y devolver a las comarcas industriales su esplendor. Seguiremos trabajando para que haya menos fotos de políticos y más futuro industrial; para que se pase del dicho al hecho.
