La semana prometía un acuerdo para renovar, por fin, la composición de los órganos de dirección de diversas instituciones básicas del Estado, algo que por mandato legal debería haberse hecho hace años. Pero la medianoche del jueves, cuando parecía inminente la noticia del anunciado pacto, se informó de la ruptura de las negociaciones. En su comparecencia del viernes ante un reducido número de periodistas sentados en semicírculo en los exteriores de Moncloa, componiendo así una imagen algo bucólica, el presidente del Gobierno no desaprovechó la ocasión de reprochar una vez más al primer partido de la oposición su actitud poco constructiva y de apelar con su habitual insistencia al acuerdo. Los reporteros, uno tras otro, lo acribillaron a preguntas sobre el frustrado nombramiento de los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), obteniendo siempre la misma respuesta.
Que la necesidad de acuerdos es imperiosa en un sistema multipartidista, y que solo puede haberlos si los partidos hacen cesiones respecto de sus posiciones iniciales, es un enunciado de puro sentido común, que forma parte ya de la sabiduría popular. De acuerdo con lo que, por un lado, vemos en el Congreso y, por el otro, leemos en las encuestas, los españoles son más conscientes de ello que los dirigentes políticos. Por lo tanto, no es necesario repetir lo mismo una y mil veces, sino actuar con coherencia.
Los ciudadanos reclaman acuerdos que los políticos invocan pero son incapaces de conseguir. Competir y cooperar al mismo tiempo requiere unas habilidades políticas muy sofisticadas, que los partidos españoles no tienen, o no quieren utilizar, abusando de una licencia que les hemos concedido con ingenua fe democrática.
Hoy lamentamos que los dos partidos mayores no hayan logrado ponerse de acuerdo, mientras la continuidad en funciones del órgano de gobierno del Poder Judicial se hace costumbre. Tan empecinada ha sido la dificultad encontrada, y tan esperada es esa renovación, que cualquier acuerdo será bienvenido. Y el caso es que estos días se ha desvelado algún detalle de las conversaciones en el que no se ha reparado y que, sin embargo, merece una atenta consideración por su trascendencia en el funcionamiento de nuestro sistema político. Me refiero al hecho de que una de las partes de la negociación sea el Gobierno. El ministro Ábalos empezó la semana desde la sede del PSOE aclarando que el Ejecutivo representaba en las conversaciones a los dos socios de la coalición. Por la prensa supimos que la negociación era llevada por el departamento de Presidencia del Gobierno. Los telediarios vespertinos más serios informaron del posible acuerdo refiriéndose a las negociaciones que mantenía el Gobierno con la oposición.
En resumen, el Gobierno tiene una participación directa y decisiva en el nombramiento del gobierno del poder judicial. Pero esta intervención no está prevista en la Constitución y la ley que al efecto la desarrolla, que encarga a los presidentes de las dos cámaras “adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo”. La actuación del Gobierno no respeta como debe la independencia del poder judicial, un principio esencial del Estado de derecho, y se desvía peligrosamente de las pautas legales. En este asunto, a fuerza de repetir una manera incorrecta de hacer las cosas, estamos dando por buena una práctica que solo puede traer nefastas consecuencias para la justicia. En realidad, en una democracia que estuviera en guardia, como conviene que esté siempre, este hecho sería motivo seguro de escándalo. La cuestión que subyace aquí es el poder de los partidos, que eventualmente puede ser transferido a sus líderes y que subvierte la relación entre los poderes del Estado. Pedro Sánchez ejerce un liderazgo absoluto en el PSOE, tiene al grupo parlamentario a su servicio y preside un Gobierno en minoría, cuya continuidad depende de la protección que dé a su socio de coalición. Pero quiere más. El partido mayoritario aspira al Gobierno, y el Gobierno a ampliar su poder y esquivar los controles. La renovación del Consejo del Poder Judicial está en manos de un triángulo formado por el PSOE, Podemos y el PP, unidos por unas relaciones pantanosas. En vez de disponer de los puestos del Consejo como quien intercambia cromos, mejor podrían emplearse los tres a fondo para cumplir el compromiso olvidado de despolitizar el poder judicial. Ahora solo pretenden controlarlo lo más que puedan.
Los partidos son la solución menguante y el problema creciente de la política. Y, puesto que en los tiempos que corren no cabe esperar por su parte una actitud pulcramente democrática, solo nos queda prestar mucha atención y tomar nota.
