La violencia callejera que siguió en Cataluña (y de forma especial en Barcelona) a las protestas por la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél evolucionó rápidamente desde una inicial invocación del derecho a la libertad de expresión a una guerrilla urbana cuyo objetivo último parecía ser el enfrentamiento con las fuerzas de orden público dependientes del gobierno autónomo y de algunos ayuntamientos. Durante varias noches, la agresividad de la vanguardia de los manifestantes fue “in crescendo” y se pasó de la quema de contenedores de basura, del lanzamiento de piedras y del destrozo de escaparates y cajeros de los bancos a un intento de incendiar un vehículo de los antidisturbios con un agente dentro. En el inicio de esta serie de disturbios, los partidos independentistas (ERC, Junts per Catalunya y la CUP) se abstuvieron de criticar explícitamente a los violentos para no enturbiar las negociaciones para formar Gobierno en la Generalitat. E incluso se pusieron de perfil a la hora de lamentar la pérdida de un ojo por una jovencísima manifestante que resultó herida por el disparo una pelota de “foam” usada por los antidisturbios. Presionados por los comerciantes, los hosteleros, las agencias de viaje y otros gremios relacionados con actividades que mueven mucho dinero (y en buena parte son su base electoral) los partidos del frente independentista se vieron en la necesidad de criticar a los manifestantes más violentos, algunos de los cuales resultaron ser extranjeros, mayoritariamente italianos. Una critica más bien retórica, que constituye un ejercicio de equilibrismo político. De una parte, se apuesta porque los Mossos sean capaces de controlar la situación sin llamar en su auxilio a la Policía del Estado. Y, por otra, se halaga a la CUP (cuyos votos son imprescindibles para formar mayoría absoluta en el parlamento autonómico) prometiendo un modelo policial auténticamente catalán. Un modelo que no se sabe muy bien en que consiste, pero que oscila entre la supresión de los antidisturbios y la desaparición del cuerpo policial vigente, muy cuestionado por la forma en que reprimió las manifestaciones estudiantiles contra el plan Bolonia, las huelgas contra la reforma laboral, la crisis financiera o la sentencia que condenó el “procés”, entre otras acciones muy discutibles, incluidos malos tratos y corruptelas varias. Además no conviene olvidar que el famoso mayor Trapero, con 17.000 “mossos” a su cargo, reconoció ante los jueces que tenía dispuesto un plan para detener a Puigdemont y otros dirigentes de aquella fugaz declaración de independencia, caso de haber persistido en ello antes de coger el olivo. “La situación es de una complejidad inaudita”, reconoció el consejero de Interior, Miquel Samper, que es abogado de profesión y, por tanto, acostumbrado a lidiar con asuntos complejos. Una experiencia que le lleva a recomendar a los partidos catalanes que “no se tiren la seguridad ciudadana a la cabeza”. Ignoro si le harán caso. De momento, la única concreción de que hemos oído hablar es la del presidente en funciones catalán, Pere Aragonès, que aboga por una “policía democrática”. Así, en general. Sin más precisiones.
