A la judicialización de la política la llaman ahora “lawfare” o guerra jurídica. Nadie escapa a sus estragos, porque el derecho usado como arma arrojadiza se extiende ya por los cinco continentes. En Iberoamérica, está siendo una herramienta bastante empleada en su versión de justicia con formal apariencia de legalidad y tosca orientación ideológica en un sentido o el contrario. Más al norte, el último inquilino de la Casa Blanca se embarcó no hace mucho en una ardorosa batalla legal sobre el escrutinio electoral, colocando en los telediarios unos litigios que debieran cursar por el sereno y discreto cauce de todo proceso. En España, un fallo luego matizado por un tribunal superior ha servido también como desencadenante de una moción de censura para desalojar al anterior ejecutivo.
En estos casos, cada vez más frecuentes, suelen coincidir distintos factores pero un idéntico objetivo denigratorio de la reputación del oponente y de quienes le apoyan. El abuso de las acciones judiciales, con independencia de su mayor o menor grado de prosperabilidad, se combina con la artera manipulación ciudadana a través de los nuevos canales de información, monopolizando por completo la vida pública y generando por esa vía gran descontento social. Como me comentó una personalidad que abandonó sus responsabilidades precisamente hastiado de estas maniobras, demandar hoy a un dirigente siempre compensa al que lo promueve, porque a pesar de la absolución hay gente que sigue pensando que el acusado “algo habrá hecho”, al desconocer la película entera.
En determinados países, además, cabe añadir a esta pena de banquillo el indisimulado sometimiento de los jueces al gobierno de turno, lo que se traduce en habituales investigaciones criminales con inequívoca intencionalidad pese a la inocencia de los afectados, incluyendo detenciones o ingresos en prisión televisados en directo en horarios de máxima audiencia.
Cuando esto ocurre, padecen de igual manera la política y el derecho. Aquella, por alejarse de lo que le es propio, que es el contraste de ideas sobre las necesidades de una sociedad y las correspondientes recetas para su solución o mejora, y este por derivar hacia oscuras finalidades que nula relación guardan con la obtención de respuestas conformes al ordenamiento respecto de comportamientos que debieran merecer algún reproche.
Que se instruyan causas contra representantes públicos por conductas verdaderamente ilegales y acreditadas nada tiene que ver con esto que comento. A lo que me refiero es a la retorcida estrategia consistente en el acoso y derribo del contrincante a través de permanentes actuaciones judiciales a sabiendas de su falta de consistencia, en las que lo que menos importa es la aplicación de la ley, y lo que más deteriorar la imagen del adversario ante el electorado. De ese fin justificador de medios no están libres en la actualidad ni líderes mundiales ni locales, porque está presente en la práctica diaria de cualquier lugar.
Hay quien incluso sitúa a las modernas tendencias legislativas sobre la denominada justicia universal en el epicentro mismo de este “lawfare” a escala global. Y puede que tengan razón, porque mientras se suceden las iniciativas de procesamientos a mandatarios de ciertas naciones, normalmente democráticas, estas nunca parecen alcanzar a los regímenes totalitarios de diferente ideología. Rara vez trascienden las diligencias de extradición dirigidas a sátrapas de señaladas dictaduras, que continúan campando a sus anchas sin resultar fiscalizados por esos flamantes –y sectarios– justicieros universales.
Cuando la política entra en el templo de la justicia, esta sale por la ventana, sentenció hace siglo y medio uno de los clásicos del derecho italiano, Francesco Carrara. Así seguimos tanto tiempo después, sin saber reaccionar ante un mal que avanza imparable por las democracias contemporáneas, erosionándolas progresivamente.
