Una de las enseñanzas más claras de la pandemia es que desde la dependencia en términos productivos no se puede hacer frente a las consecuencias y retos de una crisis. Sin embargo, cuando veíamos cómo el proceso de desindustrialización se llevaba por delante el empleo y el futuro de muchos conceyos asturianos, no fue suficiente para que quienes tenían la capacidad y la responsabilidad de gestión le pusieran freno. Muy al contrario, se favoreció el lucrativo negocio para las multinacionales de las deslocalizaciones: mandar a toda una plantilla a la calle con una mano delante y otra detrás porque en otro país se trabaja por menos dinero y con menos derechos. Las privatizaciones contribuyeron a traer estos lodos, como muestra el desmantelamiento de la antigua Alcoa, ahora Alu Ibérica y pronto un desguace, si no se actúa con diligencia.
No perdamos de vista que a este proceso se suma lo que solo puede ser calificado de estafa: esos fondos mineros que debían paliar la desindustrialización de Asturies, que unas veces se utilizaron en gasto corriente de infraestructuras sin priorizar proyectos que generaran empleo perdurable abriendo nuevas lineas productivas; y otras, no sabemos bajo qué colchones o alfombras se encuentran, pero seguimos pidiendo una auditoria independiente que esclarezca lo ocurrido y favorezca la reparación económica y social del perjuicio.
Tenemos la oportunidad y el compromiso de revertir esta situación. Y nos lo manda tanto la población asturiana como el artículo 128 de la Constitución. Por esto mismo, en Unidas Podemos estamos orgullosas de haber trabajado para que la SEPI entrase con participación pública en Duro Felguera: una empresa icónica en Asturies que representa muchísimos puestos de trabajo directos e indirectos y un foco de innovación que no nos podemos permitir perder.
Un ejemplo de adónde debemos mirar e invertir los esfuerzos desde las políticas públicas que no debería ser una experiencia puntual. Si el Estado debe ser garante de calidad y estabilidad en el empleo, de responsabilidad en la gestión, traslademos ese papel a los sectores estratégicos mediante una participación activa. Ha quedado patente que disponemos de los mecanismos para hacerlo y también del margen de maniobra: España está a la cola de la UE en cuanto al peso de la empresa pública en el PIB. Además, Unidas podemos ha impulsado una enmienda parlamentaria para ampliar las ayudas sociales a los mineros afectados por el cierre de centrales de carbón hasta diciembre de 2025.
Y es que estamos aquí para hacer política. Política útil, peleando por cada puesto de trabajo a la vez que nos paramos a entender las circunstancias que nos han traído hasta aquí y las oportunidades que nos plantea el presente para articular soluciones viables y valientes.
La eficacia del proceso de vacunación y la llegada de los nuevos fondos europeos marcan, en palabras de la vicepresidenta Yolanda Díaz, un inicio de legislatura tras más de un año gestionando con urgencia los efectos de la crisis sanitaria. Ahora toca llevar esos fondos a nuestra soberanía industrial y energética para impulsar una Asturies competitiva y sostenible, porque no hay que elegir. Por esto en Unidas Podemos hablamos de una transición social, con perspectiva roja, verde y morada. Porque sólo puede existir una transición energética que sea justa y que garantice los derechos de la clase trabajadora para que este proceso global se traduzca en empleo de calidad y futuro para las asturianas y los asturianos. De lo contrario, continuaremos soportando la misma desigualdad y la misma explotación tanto laboral como de nuestros recursos naturales.
Asturies, al igual que otros territorios que fueron generadores de recursos energéticos, debe ser priorizada en la distribución de los fondos de reconstrucción y resiliencia para poner en marcha una nueva industria ajustada a las exigencias actuales, implicada en la digitalización y a la vez capaz de reforzar los servicios públicos. Hablamos de una nueva fase de reindustrialización que sitúe a nuestra tierra a la vanguardia de la innovación, la investigación y el desarrollo de tecnología energética. Aprovechando las óptimas infraestructuras ahora en desuso, reconvirtiéndolas para impulsar nuevas líneas de producción de bienes de equipo para la generación, almacenamiento y distribución de energías alternativas. Incrementando el valor añadido de los nuevos procesos industriales mediante la interrelación de la experiencia y capacidad de trabajo de la clase obrera asturiana con su perfeccionamiento a través de nuevos recursos formativos y de investigación vinculada a los centros universitarios. Solo así fijaremos la población al territorio, sobre todo a la juventud –acabando con el declive poblacional–, y garantizaremos un futuro de prosperidad para esta tierra. Y esto no es cuestión menor. Los grandes avances políticos y democráticos en España siempre han tenido detrás el impulso de la clase trabajadora asturiana. Perderla es sin duda debilitar la democracia.
De igual manera, porque somos conscientes de las vergüenzas pasadas que mencionábamos, toca ir un paso más allá de esa necesaria denuncia y ponernos manos a la obra para escribir otro futuro. Los nuevos proyectos productivos requieren vigilancia en la gestión, criterios estratégicos en la adjudicación y agotar las vías legales para exigir que las ayudas públicas vayan atadas a compromisos y responsabilidades, como la permanencia en el territorio cuando se cierre el grifo. Es de sentido común. Y para ello es imprescindible la activa participación sindical en el diseño y puesta en marcha de estos proyectos, que además son parte de la estrategia de Desarrollo Sostenible que va a emprender el Estado con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo en el horizonte 2030.
Con ese compromiso, quienes firmamos estas líneas trabajamos en un gran acuerdo por la reindustrialización impulsado por el espacio político del cambio y por el gobierno de coalición progresista de España, sabiendo que la industria asturiana es clave y que ahora mismo la situación es de extrema gravedad, pero también que estamos ante una oportunidad que el Gobierno central no puede dejar pasar para lograr una industria moderna, sólida, adaptada a las necesidades de desarrollo sostenible del siglo XXI. Una posibilidad real de presente y de futuro para Asturies y para su gente.
