LA NUEVA ESPAÑA ha pedido a los presidentes autonómicos que serán los aliados de Asturias en la batalla por la financiación autonómica que expresen cuál es su criterio sobre cómo debe garantizarse que la prestación de los servicios sea homogénea en el conjunto del país. Tras el artículo del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo (PP), hoy el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP) señala las características que a su juicio debe incorporar el futuro sistema de financiación autonómica, que debe negociarse de forma multilateral y que debe dar más peso a variables sociodemográficas que el actual.
La reforma del actual sistema de financiación autonómica, paralizada desde 2018, constituye uno de los retos más importantes al que nos enfrentamos el conjunto de las Comunidades Autónomas.
Un sistema que quedó obsoleto hace tiempo, resultando ineficiente, insuficiente y deficitario. Y que, en el caso concreto de Castilla y León, ha supuesto, además, un retroceso en su financiación.
Desde la Junta de Castilla y León, en innumerables ocasiones, hemos trasladado al Gobierno de España la urgencia y prioridad en abordarla.
Reforma que requiere de un consenso multilateral, fruto de un diálogo institucional leal entre el Estado y el resto de Comunidades Autónomas, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Y que, por encima de cualquier interés partidista, debe garantizar, en base a los costes reales efectivos de la prestación de los servicios públicos, una financiación adecuada y suficiente, de acuerdo con los principios de igualdad, solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia y corresponsabilidad fiscal.
Otorgando un mayor peso a variables sociodemográficas como como la superficie, la dispersión territorial, la baja densidad, la pérdida de población o el envejecimiento. Variables que, en el modelo actual, sólo representan un 2,4% sobre el total.
Principios que ya fueron fijados en el acuerdo sobre la reforma del sistema de financiación adoptado en abril de 2016, y ratificado en 2017 y 2020, por todos los grupos políticos representados en las Cortes de Castilla y León. En línea con la declaración institucional conjunta entre los gobiernos de Castilla y León, Galicia, La Rioja, Asturias, Aragón y Castilla-La Mancha, suscrita en julio de 2018.
Son documentos que deben constituir la hoja de ruta de cara a la futura negociación, en la que mi Gobierno siempre va a estar en la defensa de los intereses de los ciudadanos de Castilla y León dentro de un proyecto común para España.
