He criticado aquí la primera sentencia del Constitucional sobre la pandemia, por uno de sus fundamentos, el poner el derecho a la libertad individual por encima del básico de la vida y del de su ancilla, el de la salud. Del mismo modo he censurado las decisiones de los Tribunales Superiores, que corrieron, en general, tras ese principio jurídico. Y había señalado cómo, por contraste, las restricciones al movimiento libre de los individuos venían limitados en otros muchos países, al exigir PCR o documentos de vacunación para viajar o para entrar en restaurantes o lugares de ocio. Lo que se ponía por delante, en esos países, no era, como aquí, según expresó con acierto una culta mujer en las redes, el derecho a tomar copas sobre el derecho a la salud / la vida.
Dicho de otro modo, no es que se obligue a vacunarse a quienes creen que no existe el virus o que usan de su albedrío para negarse a ello; es que se les prohíbe que, sin vacunar, convivan en lugares cerrados, donde es más fácil la transmisión, con otra población. Porque, sin que la vacuna sea una garantía absoluta de ausencia de contagio y transmisión, y sin que sepamos aún la duración de los anticuerpos en los vacunados, es evidente que la vacunación funciona y que enfermedad va a seguir transmitiéndose con más efectividad y virulencia desde los no vacunados (incluidos los menores). Por otro lado, la cuestión central no es, como alguna sentencia argumentó, el que los hospitales estén o no saturados, sino del derecho de cualquier ciudadano a no ser contagiado, enfermar y morir.
Afortunadamente, algunos estados empiezan a actuar para defender ese derecho básico a la vida y la salud frente al de la libertad de hacer o no hacer. Por ejemplo, EEUU va a obligar a vacunarse a todos los empleados federales y exigirá que las empresas con más de cien trabajadores vacunen a sus empleados o los sometan a un test semanal. Italia exigirá lo mismo a todos los empleados, públicos o privados. Aquí mismo, el Tribunal Supremo ha dado un paso atrás, en esta dirección: la Xunta de Galicia había pretendido pedir el certificado covid en bares y discotecas; el TS de la Comunidad lo había denegado al entender, entre otras razones, ¡“que podía ser discriminatorio”! (esto es, defendía el derecho –inalienable, al parecer– de los potenciales contaminadores frente al de sus posibles víctimas); ahora el Supremo avala a la Xunta en su proyecto (por cierto, en el vecino Portugal exigen el certificado para entrar en los bares y restaurantes).
Háganse conmigo una pregunta: ¿qué hubiera pasado si, en su día, los tribunales de todo el mundo hubiesen certificado el derecho de las personas a no vacunarse contra la viruela, en nombre de la libertad individual? ¿Y qué si, además, hubiesen estatuido que pedir certificados podía discriminar a quienes no hubieran querido, ellos de por sí o por decisión de sus padres, recibir el pinchazo?
Y quien dice la viruela en el mundo, dice la poliomielitis en la mayoría de los continentes.
¿Cómo estaríamos hoy?
Por cierto, parece que la próxima sentencia del TC, si se confirma lo filtrado, va a subrayar por partida doble el escaso interés que Podemos y PSOE (partidos que, hasta donde yo sé, gobiernan España) tienen en la salud de los ciudadanos.
