Es el tema de siempre a principios del curso político, pero esta vez agravado por los efectos de la pandemia en las ya en exceso abultadas listas de espera. Los planes de choque de nuevo para parchear las disfunciones de la gestión cotidiana de la sanidad pública en general y también en particular de la asturiana, a pesar de su aireado liderazgo presupuestario en materia de sanidad. Es verdad que las listas de espera forman parte consustancial de la realidad de la gestión de cualquier sistema público de salud. Sin embargo, lo que pasa de castaño oscuro y los límites de lo admisible, son unas listas tan largas como anchas que primero provocan el bloqueo de unos servicios en particular y como su peor consecuencia la hasta ahora silenciosa desesperación de los pacientes implicados.
En este sentido, llama poderosamente la atención la autosatisfacción y la molicie” de las autoridades sanitarias y su escasa voluntad de abordar un problema tan viejo y estructural, como no sea en el ultimo momento, como los alumnos perezosos, con la cataplasma periódica de los planes de choque. Da la impresión de que volvemos a dejarnos llevar por la inercia, en contraste con la buena e imaginativa gestión que ha hecho destacar el papel de la salud pública y la sanidad asturiana frente a esta terrible pandemia.
Tampoco ha servido de nada la utilización partidista de brocha gorda, a lo largo de la legislatura pasada, de un tema tan complejo y con tantos implicados en la comisión de investigación de la Junta General, para que al final haya resultado más para provocar ruido y el descrédito de la sanidad pública que para consensuar alternativas concretas y posibles a desarrollar por los gestores para contribuir a paliar el problema. Otra oportunidad perdida.
Volvemos pues a la conocida solución de las llamadas peonadas, que ha sido siempre objeto de polémica y no solo por su coste o porque sean pan para hoy y hambre para mañana debido a su carácter coyuntural, sino también porque pueden convertirse por parte de algunos en la vía para el desvío de actividad estructural de las mañanas a la excepcional de las tardes, para con ello obtener un sobresueldo, sin que siquiera suponga una solución temporal al tapón de las listas de espera, en las especialidades más demandadas.
Pero también porque pueden provocan agravios, tan frecuentes en estos tiempos populistas, por una parte dentro de la atención especializada entre especialidades quirúrgicas y las médicas, y por otra pueden enconar los agravios existentes, acentuados en el tiempo de la pandemia, con la atención primaria, ya de por sí preterida cuando no olvidada, que verá una vez más cómo la presión asistencial que soporta se incrementa, mientras sus retribuciones se quedan rezagadas en relación a las hospitalarias, por otra parte cada vez más dependientes de las extras. No parece, por otra parte, que este vaya a ser el modelo asistencial y retributivo adecuado para atraer y consolidar profesionales y equipos en la sanidad asturiana.
Es por eso que sigo convencido que las listas de espera deberían afrontarse con la reorganización y la gestión de los recursos propios de los hospitales públicos y concertados de la red, respondiendo a la demanda embalsada, pero también abordando de forma decidida la situación crítica de la atención primaria en su papel de agencia, porque sólo así la oferta y la demanda de los servicios sanitarios podrían alcanzar un mínimo equilibrio.
En cuanto a la primaria, creo que, como ellos mismos han planteado en distintos artículos en este medio, recuperando la cita y la atención presencial junto al triaje ensayado en la pandemia, avanzando en el reparto de tareas dentro del equipo, restableciendo los programas de atención de base comunitaria, simplificando la burocracia, estabilizando las direcciones de los centros, mejorando las plantillas y los recursos en paralelo a la atribución de competencias adicionales, mediante un programa creíble de incremento presupuestario y de personal a varios años. Todo ello para convertirla en realidad en la agencia de casos que necesita la sanidad asturiana en su relación con la atención especializada.
Lo que no está justificado en absoluto son las derivaciones a los centros privados, como no sea para favorecer la compatibilidad y el parasitismo de quién trabaja a la vez en la pública y en la competencia, algo que nadie en su sano juicio toleraría en el sector privado entre técnicos o directivos de empresas competidoras. Y aún más entre Estados, donde tal cosa se consideraría espionaje industrial, cuando no directamente traición.
En este sentido, resulta significativo el dato recientemente conocido de que la totalidad de los profesionales de un servicio hospitalario vienen compatibilizando su trabajo en la pública con la consulta privada. Algo tendrá que ver esta desafección de lo público con las listas de espera y los planes de choque.
