Puede que desde el punto de vista lingüístico no haya duda de que la llingua asturiana sea una lengua, pero poca duda cabe de que es una lengua sólo hablada por una exigua minoría vinculada a sus creadores; basta pasearse por las parroquias rurales asturianas, ya no digo por las ciudades, o simplemente ver en la TPA en qué que hablan las presentadoras que dan a conocer los pueblos de Asturias y en qué responden los lugareños; desde luego, no en la llingua asturiana.
Todas las lenguas habladas en España han sido objeto de normalización lingüística, pero ninguna se acerca al grado tan intenso al que se ha sometido al bable que, a decir de especialistas en la materia, es en puridad y dicho sin ánimo peyorativo un aborto de lengua, porque en plena formación no llegó a nacer por la irrupción del castellano, y a la que se le ha insuflado vida artificialmente en el laboratorio de la Academia de la Llingua, recreando con los restos hallados lo que pudo ser de no haberse producido el dominio del castellano.
Con habilidad el debate de la oficialidad del bable se ha llevado al terreno jurídico y político, sobre el grado de voluntariedad en su aplicación y el tipo de mayoría parlamentaria que convendría para su desarrollo legal. Sin embargo, la raíz del problema es social y se focaliza en el objeto a oficializar, la llingua asturiana, ya que gran parte de la ciudadanía (de derechas y de izquierdas) la considera un artificio. El bable, en abstracto y como conjunto de concretas y diversas modalidades lingüísticas, se asume con orgullo como patrimonio común de los asturianos y como un signo de identidad, igual que la sidra, la fabada o el Asturias patria querida, aunque no fuese himno oficial. Pero la llingua no, y de ahí que se rechace hacer oficial algo que no es real en la vida social asturiana y que causa división y no consenso.
Hace cuarenta años, cuando se debatió el Estatuto de Autonomía, ya se planteó este asunto y se acordó que el bable, en sus distintas modalidades, gozaría de protección. La Ley 1/1998 de uso y promoción del bable/asturiano, se hizo gobernando la región el PP, que consintió su aprobación a cambio de que el promotor de la misma, el diputado Xuan Xosé Sánchez Vicente, apoyase con su voto decisivo la ley de presupuestos. Un papel parecido, pero en sentido contrario, lo protagoniza ahora el diputado de Foro, que condiciona su voto a favor de la cooficialidad a la obtención de medidas que nada tienen que ver con ella. Pues bien, esa Ley obvió el mandato estatutario, se olvidó de las modalidades lingüísticas del bable y sólo reconoce como lengua el bable/asturiano y el gallego-asturiano. Ahora se quiere dar oficialidad a la llingua asturiana o asturiano (la denominación de “bable” desaparece o queda en un segundo plano) y al eonaviego (perece también la denominación “gallego-asturiano” utilizada en la ley, pese a que éste no deja de ser una variante local del gallego). De las demás modalidades lingüísticas, nada. Así que anda despistado el ex presidente Antonio Trevín cuando apoya esta oficialidad y, al mismo tiempo, afirma que “no es lo mismo impartir esta materia en Cudillero que en Llanes. O en los Oscos que en Navia, por lo que a la fala se refiere. El alumno tiene que recibir sus clases en un lenguaje semejante a su lengua materna”. Esa diferenciación lingüística la ignoró deliberadamente la Ley y la enterrará ahora la pretendida reforma del Estatuto. La opinión de Trevín pone de manifiesto que, incluso los que abogan por la oficialidad, no todos coinciden en qué es lo que hay que oficializar.
La oficialidad se pretende fundar también en la defensa de derechos lingüísticos. Deliberadamente se identifica la amenaza que sufre el bable –lo que queda de él, por la evolución histórica de la aceptación social del castellano– con una supuesta persecución a los que desean expresarse en bable. Hay que preguntarse a cuántos se les ha impedido desde 1998, fecha de aprobación de aquella Ley, usar el bable. A cuántos se les ha rechazado un recurso, un examen o una tesis en bable; a cuántos que no sean activistas de la oficialidad. El relato victimista se construye sobre una realidad inexistente, más allá de la anécdota. El propio Antonio Trevín, que se refiere con nostalgia a la fala que hablaba su abuela, contribuye a ese relato imaginario, al concluir que los asturianos tienen derecho a que se les enseñe en su lengua materna. ¿Pero cuántos asturianos tienen como lengua materna el bable, por no decir cuántos la llingua asturiana?
La ley de 1998 contiene importantes medidas de promoción del asturiano, educativas, institucionales y de medios de comunicación. Sería bueno indagar si después de veintitrés años el uso del bable se ha extendido y si la reivindicación de la oficialidad se corresponde con una demanda social que ansía el ejercicio derechos lingüísticos mancillados por los poderes públicos.
En cuanto al carácter amable de la oficialidad, tres apuntes. Si por tal se entiende la voluntariedad, eso aboca en la enseñanza a un sistema dual de educación, como sucede en el País Vasco con las ikastolas y los centros de enseñanza en castellano. La cooficialidad conduce también a que existan funcionarios y personal sanitario que puedan satisfacer las consultas en asturiano, por pocos demandantes que lo soliciten, lo que creará una bola de nieve de puestos de trabajo específicos cuya principal y segura beneficiaria será la Academia de la Llingua y la estructura administrativa y de personal dependiente de una u otra forma de ella. Por último, si finalmente la Junta General del Principado aprueba instaurar dicha oficialidad, sería bueno conocer en qué términos y condiciones, sin remitirlos a una futura ley. Para ello y para que nadie se llame a engaño, en tanto ésta no se apruebe, la reforma del Estatuto debería contener una detallada disposición transitoria que concretase el alcance de la cooficialidad.
La lengua propia, además de servir para comunicarse, crea identidad política. Algo no funciona cuando oficializar la llingua genera división.
