El último tramo del año 2021 ha sido fecundo en acontecimientos que afectan a la Consejería de Salud del Principado. Resulta curioso. El departamento del Gobierno más zarandeado por la pandemia de covid-19 resistió los envites del virus con una notable entereza. Durante meses de un trabajo extenuante, su gestión estuvo caracterizada por un rigor y una sensatez muy apreciados por los profesionales sanitarios y la ciudadanía. Sin embargo, ha sido ahora, cuando la crisis sanitaria sigue apretando pero los resortes de su gestión ya están mucho más engrasados, cuando la Consejería que dirige Pablo Fernández Muñiz se ha situado bajo la lupa de la sociedad y de los aproximadamente 20.000 trabajadores de la sanidad regional. Vayamos por partes.
Hospital de Cabueñes.
El pasado 23 de noviembre se supo que la ansiada ampliación del Hospital de Cabueñes (Gijón) había quedado desierta porque ninguna empresa quiso ejecutar la primera fase de la reforma al precio licitado: 44,9 millones de euros. Los constructores ya habían adelantado que, en vista del encarecimiento de los materiales, esa cuantía se quedaba corta. La Consejería no reaccionó y, al final, se encontró con una gran decepción de los gijoneses, de los dirigentes de la Federación Socialista Asturiana (FSA) e incluso del presidente del Principado, Adrián Barbón, quien en público pidió “perdón a la ciudadanía de Gijón” por “el desastre”. El pasado día 30, el Consejo de Gobierno aprobó aumentar la partida destinada a Cabueñes hasta 85,8 millones. Algunos observadores de la sanidad sanitaria consultados por este periódico consideran que “un salto de 45 millones a 86 denota poco criterio” en la tramitación de un asunto decisivo para la sanidad regional y pendiente desde hace años.
Pasaporte covid.
Frente a lo sucedido en las fases previas de la pandemia, la manera de gestionar las restricciones para atajar esta sexta ola de covid-19 ha sido dubitativa y confusa. Durante varias semanas, el consejero de Salud y su equipo se mostraron reacios a implantar el “certificado covid”, destinado a evitar el acceso de los no vacunados a determinados espacios con riesgos de contagio. A juicio de buena parte de los expertos, esta medida iba perdiendo sentido en la medida en que la vacunación avanzaba y alcanzaba altas cotas en Asturias (en este ámbito, por cierto, la Consejería y el Sespa siguen recibiendo parabienes casi unánimes). Finalmente, el Gobierno decidió implantar el citado pasaporte y, en muy pocas horas, recibió la venia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Pasados unos días, lo que se ha observado es irritación entre los hosteleros por “tener que hacer de policías” y zozobra en las personas mayores menos habituadas a los trámites digitales necesarios para descargar el documento. La alternativa buscada por estos últimos es hacer colas en los centros de salud para tramitarlo. ¿Beneficios? Seguramente algunos centenares o millares de personas que han decidido vacunarse después de negarse durante meses.
Dimisión de Cofiño.
El pasado día de Navidad, Rafael Cofiño comunicó al consejero de Salud su decisión de abandonar el cargo de director general de Salud Pública del Principado. No adujo motivos, salvo que “han sido unos meses de trabajo muy intenso”. El día antes, el Gobierno regional había anunciado restricciones a la hostelería para atajar la sexta ola de la pandemia de coronavirus. Restricciones a las que Cofiño se había manifestado contrario en varias ocasiones y por diversas vías. Esta retirada quizá tenga más repercusiones de las esperables en la marcha de un director general. Rafael Cofiño es una persona carismática y de prestigio. Peleó fuerte en la pandemia y dirigió con sosiego un equipo amplio en momentos de gran tensión. No faltan quienes le atribuyen ambiciones políticas personales o le echan en cara que se haya ido cuando él mismo admite que “el trabajo fuerte vendrá a finales de enero”. Los dimes y diretes son muchos, pero hay un aspecto que suscita una amplia unanimidad: con la marcha de Rafael Cofiño, el equipo de la Consejería centrado en la gestión de la pandemia ha perdido talento.
Nombramientos controvertidos.
Y esa pérdida de talento -señalan abundantes y heterogéneos observadores sanitarios- se ha consolidado con las decisiones adoptadas para cubrir el hueco dejado por Cofiño. La nueva directora general de Salud Pública, Lidia Clara Rodríguez, hasta ahora directora general de Política y Planificación Sanitarias, es persona ajena a los complejos asuntos que en adelante deberá gestionar. En el movimiento de fichas, la resultante es que de los cuatro directores generales de la Consejería solo uno es médico y dos son enfermeros. La entrada de otra enfermera en el equipo es atribuida -en medios sanitarios, gubernamentales y del Partido Socialista- a la influencia de Ana Suárez Guerra, secretaria de Sanidad de la Federación Socialista Asturiana (FSA) y gerente del ERA, organismo que gestiona las residencias de mayores del Principado. Ana Suárez también es enfermera y ha solido mostrarse muy comprometida con el ascenso de sus colegas a cargos de alta gestión. En esta ocasión, no se ha escondido: en sus redes sociales ha dado la “enhorabuena por este gran equipo, conocedor de la realidad en todas las vertientes de la Salud”. El Colegio de Médicos de Asturias expresó de inmediato su malestar: “Percibimos que cada vez hay más distancia entre la Consejería de Salud y los médicos”. Lo complejo de la cuestión es que algunos asuntos de elevado protagonismo médico (por ejemplo, la Estrategia de Atención Primaria) deberán ser negociados con un director general de Política y Planificación Sanitarias que es enfermero. El tiempo dirá si la zozobra es pasajera o si se prolonga a lo que resta de legislatura.
