Una de las acepciones del término obsceno es lo que es repulsivo al pudor, a la moral de las gentes, esto es, un significado que va más allá de lo que nos ofende en relación con la moral sexual. Y este calificativo utilizado estos días con frecuencia para designar la presunta conducta delictiva de los dos comisionistas (llamarlos empresarios, como se oye también, es, sin duda, insultar a éstos) de la jet set madrileña que haciendo valer sus relaciones personales gestionaron (¿?) en lo más crudo de la pandemia la compra de mascarillas, guantes y test, un buen porcentaje de ellos inservibles, para el Ayuntamiento de Madrid, embolsándose la no pequeña cantidad de seis millones de dólares sólo por hacer una simple llamada telefónica.
Muchos pensamos que la inversión que estos dos presuntos corruptos hicieron de esa nada despreciable cantidad en bienes de lujo (coches, relojes Rolex, inmuebles…) y gastos suntuarios como la estancia de uno de ellos en un hotel de lujo cuyo coste suponía, parece ser, los diez mil euros diarios, es, además, un aspecto más de la obscenidad de su comportamiento. Lo que, por cierto, un conocido presentador de la televisión de la cadena “más de tres” considera como algo no significativo y filfa periodística (¿?) y no desde luego un dato más que significativo de un comportamiento y mentalidad obscenos
Un factor agravante legal y moralmente es, sin duda, las circunstancias en las que realizaron su presunta estafa en el contexto de una situación límite, con muchas personas falleciendo de covid, incluidos personal médico y servidores públicos, sin ningún elemento de protección frente al maligno virus.
Este episodio, además de la obscenidad que supone, debería tener sus consecuencias e implicaciones. Deberían analizarse minuciosamente todos los contratos que todas las administraciones, incluida la central, hicieron en esos dos años más virulentos de la pandemia para comprobar su legalidad y si se encuentran más operaciones de comisionistas como las que han protagonizado estos dos presuntos delincuentes (no “pillos”, como los ha calificado el señor Feijóo suavizando su comportamiento) para llevarlos a los tribunales de Justicia y que éstos decidan sobre su posible comportamiento ilegal.
Pero, además, los poderes políticos deberían también estudiar y aprobar las correspondientes leyes para que las administraciones puedan controlar con mayor eficacia situaciones de esa clase con medidas rigurosas de penalización de probables conductas ilegales.
Quizás una de las medidas legislativas que en ese sentido deberían adoptarse en esas situaciones extremas en que su gravedad conlleva levantar ciertos controles legales para acelerar su efectividad, sería la de imponer la obligación de la revisión de la legalidad a posteriori de tales contratos para disuadir a los delincuentes que surgen siempre en medio de las necesidades y situaciones límite para que no se aprovechen y puedan sacar pingües beneficios, como auténticos cuervos, de las fatalidades ajenas.
En este caso concreto, de hacerse firme la sentencia de corrupción de estos presuntos delincuentes de guante blanco que a base de influencias habrían protagonizado este presunto delito de corrupción, debería examinarse también la posible connivencia, participación indirecta o no, o falta de observancia de su deber de vigilancia que las correspondientes autoridades de la Alcaldía madrileña podrían haber tenido en este obsceno presunto episodio de corrupción.
