Como ciudadano me llama poderosamente la atención que sistemáticamente los gobiernos actúen como vulgares trileros frente a sus administrados. Me lleva a expresar por escrito este pensamiento el artículo del diario LA NUEVA ESPAÑA del pasado martes 26 de abril titulado: “Las autoridades europeas respaldan a Teresa Ribera: ‘No se pueden matar lobos’”.
Todo ello por una carta, que la Comisión Europea remite al Gobierno de España, en la que aplaude la protección rigurosa, por otro lado rebosante de lógica y saludable polémica, del lobo en el territorio del Reino de España.
La misma Comisión igualmente aplaudió la protección de la que gozaba anteriormente, y que contaba con un cierto consenso entre la mayoría de los afectados. La norma reciente es recurrida ante los tribunales por diversos gobiernos autónomos, ayuntamientos y otros colectivos.
Me imagino que alguien filtró, a modo de cita de autoridad, a los medios de comunicación que dicha carta fue entregada a la Audiencia Nacional para reforzar sus argumentos sobre la protección que se aprobó el pasado septiembre. En definitiva, el Gobierno de España desearía que se transmitiese a sus ciudadanos que tiene razón, y tanto es así que la propia Comisión Europea lo aplaude.
En la citada carta la Comisión Europea expresa fundamentalmente que lo legislado cumple los requisitos de la directiva comunitaria sobre hábitats. Nada más. Lo demás, permítanme la expresión, florituras. Como muy bien saben unos y otros, la decisión es única y exclusivamente del Reino de España.
Cualquier lector sin más información extraerá como conclusión que la protección rigurosa del lobo está bendecida por todas las partes que pueden y deben hacerlo, y que, por lo tanto, es lo mejor para el medio ambiente, y se preguntará por qué no están de acuerdo los disidentes.
¿Los motivos de estos cambios? Tienen difícil explicación. Lo que sí es cierto, y lo afirmo rotundamente, es que con esta acción se están afianzando las bases para que continúe uno de los mayores desastres ecológicos que están sufriendo importantes porciones del territorio español, en particular la cornisa cantábrica y, por ende, Asturias: la pérdida de hábitats protegidos por la directiva europea ya mencionada, por otra parte difíciles de recuperar.
La Directiva Hábitats permite la protección de espacios y especies. Entre los hábitats se encuentran muchos de ellos representados en Asturias. Y para esta comunidad tienen especial importancia medioambiental, cultural y económica los relacionados con la actividad ganadera. Los gobiernos de España y Asturias designaron motu proprio diversos hábitats que deberían tener la máxima protección posible. Entre otros se encuentran los formados por diversos tipos de prados. Y así se lo trasmitieron a la Unión Europea.
El problema es que, a día de hoy, un excesivo número de las hectáreas de pastos protegidas hace años ya no existen. Creo que la Comisión Europea, si lo conociese, no aplaudiría la nefasta gestión de estos espacios. Las causas de esta pérdida todos las conocemos.
La obligación del Gobierno de España es mantener una adecuada población de lobos, pero también velar por el mantenimiento de los hábitats que protegió voluntariamente acorde a la directiva que nos ocupa. Y esto último no lo está haciendo.
En contra de lo que se piensa, el problema es conseguir un estable equilibrio en una balanza no de dos brazos, sino de tres: lobo, campesinos y hábitats. Con esta nueva norma, el peso que se pone en el platillo del lobo la desequilibra.
El abandono, como ya está ocurriendo, de la actividad agrícola en aquellos espacios en los que el lobo ejerce una alta presión sobre sus propiedades conduce inexorablemente a una negativa transformación de estos espacios incluidos en Natura 2000. El quehacer de los campesinos no depende de la voluntad del Gobierno, ni de normas de mayor o menor rango, ni de indemnizaciones, más bien de su voluntad, y sobre todo de la fiducia (confianza) que tenga en que su actividad es previsible; en caso contrario, la dejará.
¿Y quién segará entonces?
