Recientemente leí una noticia que decía que Asturias era la única comunidad autónoma que no tendría que bajar las tasas universitarias el próximo curso por haber hecho previamente los deberes. La noticia es importante, pero pasó bastante desapercibida, y me gustaría reflexionar sobre las razones que hay detrás de esta realidad.
La primera de estas razones está relacionada con las políticas llevadas a cabo en la última década por los gobiernos asturianos, ya que, frente a las subidas de las tasas universitarias experimentadas en otras comunidades autónomas como consecuencia de los recortes y políticas del Partido Popular, Asturias invirtió en esta materia impidiendo que la juventud asturiana pagase las consecuencias de la mala política universitaria estatal. Recordemos que el Ministro José Ignacio Wert, del PP, permitió a las comunidades aumentar las tasas universitarias, que se duplicaron, por ejemplo, en comunidades como Madrid o Cataluña; esto trajo consigo, además de otros graves recortes, la expulsión de miles de estudiantes de la universidad española por la imposibilidad de hacer frente a las elevadas tasas.
Para evitar esta consecuencia, los gobiernos socialistas asturianos invirtieron en esta materia y compensaron a la Universidad de Oviedo cada año por la congelación de los precios públicos, impidiendo que la juventud sufriera, al menos en este aspecto, las políticas universitarias conservadoras. A esta medida debe sumarse la rebaja del coste de los másteres habilitantes para el ejercicio de determinadas profesiones. El Gobierno de Asturias en el último ejercicio destinó a estas medidas casi cinco millones y medio de euros. Creo que los hechos hablan por sí solos y muestran la buena política universitaria emprendida en Asturias, fruto de la agenda social asturiana desplegada entonces para evitar el impacto en nuestra comunidad de los recortes del gobierno conservador en los servicios públicos.
Esto último entronca con la segunda razón, que explica la noticia a la que hice referencia con anterioridad. La política emprendida por el Gobierno de Pedro Sánchez está revirtiendo los recortes del Partido Popular, lo que ha supuesto el complemento ideal para las medidas ya tomadas por el gobierno socialista del Principado. El Gobierno del Estado se fijó como reto la democratización del acceso a la universidad reduciendo las desigualdades generadas por las políticas conservadoras que impedían garantizar el derecho a la educación. Los precios públicos de las tasas universitarias y el acceso a las becas son los ejemplos más evidentes de este propósito político que fijamos al llegar al Gobierno.
El Real Decreto Ley 17/2020 eliminó el anterior sistema de horquillas en las tasas universitarias estableciendo un precio máximo, lo que permitió reducir las desigualdades entre las diversas comunidades autónomas y entre el estudiantado que cursa los mismos estudios en diferentes universidades. Esto explica por qué Asturias es noticia, frente a las comunidades autónomas que deben proseguir en la bajada de tasas universitarias, ya que en nuestra comunidad se desplegaron políticas de inversión para evitar el aumento de tasas en los momentos de más necesidad.
En política de becas, el Gobierno de Pedro Sánchez recuperó su concepción como un derecho subjetivo, ya que el PP endureció el acceso a ellas y, a su vez, recortó las partidas presupuestarias destinadas a este fin. Frente a esta política conservadora del PP, las partidas destinadas a becas fueron aumentadas en los dos últimos Presupuestos Generales del Estado, de modo que, en 2022, se alcanzan casi los 2200 millones de euros para becas en todos los niveles educativos. Más de seis mil estudiantes universitarios en Asturias se verán beneficiados por estas partidas. A esto debe sumarse que el Ministerio de Educación adelantó este año en cuatro meses la convocatoria de becas, una medida muy positiva y esperada que permitirá que los estudiantes sepan antes del inicio del curso si cumplen con los requisitos para recibir la beca, reduciendo así su incertidumbre.
Todas estas medidas son claves para el ascensor social, para la equidad y para la reducción de las desigualdades. Las personas que hemos estudiado con becas lo sabemos muy bien. Por eso quiero reivindicar la política universitaria, pero la que invierte en las personas, la que permite que se desarrollen los talentos, independientemente de la situación socioeconómica de partida, es decir, la de los derechos.
Roberto García Morís es diputado por Asturias y portavoz de Universidades del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso
