El preámbulo de la Ley de garantía integral de la libertad sexual destaca, entre otras cualidades de la norma, la virtud de introducir un marco legal predecible y de certidumbre que ayude a erradicar la violencia de naturaleza sexual ejercida sobre las mujeres. Pero al instante de la entrada en vigor y de que hayan trascendido las primeras consecuencias de su aplicación, se ha abierto la caja de los truenos. Hecho el silencio en torno al futuro del delito de sedición, ahora el fuego dialéctico cruza el espacio político en todas las direcciones. La rebaja de las penas a los agresores sexuales copa titulares y anima el debate jurídico. En el centro del escenario, pillado por sorpresa, el gobierno reacciona con evidente descoordinación, justificándose con sus buenas intenciones, pero sin dar muestras de tener un criterio compartido al respecto: la ministra que promovió la ley acusa a los jueces de incumplirla por su machismo, la ministra de Justicia no tiene nada que decir, otros sugieren la conveniencia de reparar urgentemente el fallo técnico y los partidos de la oposición reclaman dimisiones e incluso algunos anuncian su apoyo a una moción de censura, mientras Pedro Sánchez pide calma. No debiera sorprender la perplejidad con que las víctimas y la opinión pública en general siguen la polémica. En relación con este asunto, particularmente serio y grave, todo ha sido un despropósito desde el principio.
Pedro Sánchez ha apelado reiteradamente a la homologación con los países punteros de la Unión Europea en defensa de las reformas legales que ha impulsado su gabinete. Sin embargo, no ha puesto ningún interés en tomar de ejemplo para su actuación las pautas que guían la vida política en las democracias más relucientes. La cooperación horizontal y vertical entre los distintos poderes, la capacidad técnica y el apego escrupuloso a las formas, el trato respetuoso con la oposición, una comunicación directa y transparente con los electores, establecen en las sociedades avanzadas el estándar de buen gobierno. El ejecutivo, por consideración hacia los ciudadanos a los que se debe, antes de tomar una decisión consulta y escucha a la sociedad, y después le ofrece las explicaciones oportunas. El papel de los actores en el sistema político está definido con claridad y cada uno lo interpreta con sumo respeto a los demás.
En el trámite de las recientes reformas legales, aunque podría decirse lo mismo también de la gestión de los fondos europeos, la posición sobre el Sahara y tantas otras cuestiones, el equipo de Pedro Sánchez brinda más bien un contraejemplo del buen gobierno. Aprueba proyectos legislativos desdeñando la opinión de los órganos consultivos, las fricciones con el poder judicial al ver contrariada su voluntad política son continuas, sus portavoces responden a las preguntas incómodas de los periodistas de manera invariable con una alusión al PP, y su afán de protagonismo perturba la labor de la oposición y entorpece la de los organismos independientes. Este modo de gobernar, tan ajeno al modelo que sirve de referencia para nuestro país, no podía producir más que el resultado que ahora vemos
El remate lo ha puesto la reacción cacofónica en el seno del gobierno a los últimos escándalos, detrás de la cual se vislumbra un notable desorden interno y discrepancias políticas de fondo entre los tres partidos de la coalición, que probablemente no dejarán de ser noticia en la parte final de la legislatura. La guerra abierta declarada por Pablo Iglesias a Yolanda Díaz favorece las expectativas electorales del PSOE, pero reduce las posibilidades de prolongar su estancia en el poder.
El gobierno de Pedro Sánchez desafina. Lo viene haciendo desde aquella moción de censura. Sus aciertos y sus méritos, que los tiene, pesan en su balance menos que la forma poco coherente y un tanto arbitraria, al margen de las convenciones democráticas más aceptadas, con que gobierna el país. Esto no fue lo prometido en las primarias socialistas ni en el discurso de investidura. Hay demócratas que exhiben un creciente escepticismo respecto a la capacidad de los votantes de determinar la composición de un gobierno. ¿Cuántos electores votaron al PSOE con la intención de propiciar un gobierno como el actual, con socios independentistas? Pero muchos de esos demócratas que han dejado por el camino sus mayores ilusiones, y abundan por ahí, aún conceden a la democracia el valor supremo de otorgar a los ciudadanos la posibilidad de pronunciar un "no" inapelable y tumbar con el voto a un gobierno. Sin aspavientos ni causar desórdenes públicos.
