Con calma, respetando las decisiones que toma la justicia y asegurando que lucharán con todas sus fuerzas para que los llaniscos no tengan que pagar "ni un solo euro" por una hipotética responsabilidad patrimonial en el denominado "caso Kaype": la ampliación irregular del hotel de Barru que se ha ordenado demoler.

El gobierno llanisco se expresa así tras conocerse que la Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado la apertura de juicio oral y una condena de dos años y medio de prisión, multa de 13.500 euros y 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el anterior arquitecto del Ayuntamiento de Llanes, A. R. N., ya jubilado, como presunto autor de un delito de prevaricación urbanística. El Ayuntamiento está personado en la causa.

"Lo primero de todo es respetar las decisiones de los jueces y los escritos del ministerio fiscal. A nosotros lo que nos preocupa es la responsabilidad patrimonial que se pueda derivar de la licencia concedida por el anterior equipo de gobierno socialista a la propiedad del hotel", señaló ayer el regidor llanisco, Enrique Riestra Rozas (Vecinos x Llanes).

"En este proceso penal están por averiguar las razones o los motivos que impulsaron al exarquitecto municipal, presuntamente, a emitir informes que, según el fiscal, se hicieron a sabiendas de que lo declarado en el proyecto del promotor no se correspondía con la legalidad urbanística catastral del ámbito de referencia. Estamos a la expectativa del desarrollo de este proceso sobre la presunta imputación que pudiera haber tenido este técnico y si su intención era favorecer o no a la propiedad", añadió Riestra. Según el fiscal, el investigado urdió el "plan preconcebido" que posibilitó la ampliación ilegal del hotel de la playa de Barru, que debe ser demolida antes de ocho días.

El entorno del exarquitecto ha defendido, en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA, que éste es inocente y siempre obró "según su leal saber y entender". Además, consideran que es víctima de "una caza de brujas".

Minimizar los daños que una futura indemnización (la propiedad ya ha anunciado que tras el derribo reclamará al Ayuntamiento 15,6 millones por daños y perjuicios) es el objetivo del gobierno local. "La licencia es ilegal, lo han dicho los jueces. Sería interesante que los llaniscos no paguen por eso. Este equipo de gobierno luchará por los intereses de los ciudadanos para minimizar las consecuencias de la gestión llevada a cabo por el PSOE", subrayó Riestra Rozas.

En similares términos se expresó el segundo teniente, Juan Carlos Armas (PP). "Estamos al servicio de la justicia, pero nuestro objetivo es no tener que pagar nada, pues entendemos que los vecinos de Llanes no son responsables de lo ocurrido. Estamos luchando por todos ellos", indicó.

En su escrito, la Fiscalía sostiene que no han podido establecer el móvil de la supuesta actuación delictiva de A. R. N., al señalar que cometió el supuesto delictivo "por causas que no han podido probarse, pero en cualquier caso guiado por la finalidad de autorizar la construcción de las obras de ampliación del hotel, con total desprecio a los principios básicos de legalidad urbanística y a fin de dotar de apariencia de legalidad al proyecto".

Según el fiscal, el exarquitecto sostuvo la necesidad de que se procediese a la agrupación registral de las tres parcelas del Kaype, pese a que "era consciente de que se hacía con la única finalidad de modificar su calificación urbanística".

La juez ha dado orden de demoler la ampliación del hotel de Barru en días.