Los concejos de la costa oriental lo tienen claro: las administraciones, ya sea el Principado o el Estado, son las que deberían hacerse cargo de la limpieza de las playas. Así, los municipios de Llanes, Ribadedeva, Colunga y Caravia se suman a las quejas vertidas desde Ribadesella, cuya alcaldesa, no adscrita tras abandonar Foro, opina que las arcas municipales no pueden asumir el coste de limpiar los arenales, que en su caso supone un desembolso de 72.000 euros anuales. En total, los municipios invierten 231.000 euros al año en estas labores.
El Ayuntamiento de Llanes cree que el coste no debería ser asumido por ellos: "La limpieza por los temporales nos afecta, sobre todo en la playa de San Antolín, por lo que baja de los ríos", asegura la edil de Playas, Priscila Alonso, de IU, quien reclama una limpieza en condiciones de los cauces de los ríos para aminorar el problema. El año pasado, Llanes gastó alrededor de 60.000 euros en los arenales.
Por su parte, el alcalde de Ribadedeva, Jesús Bordás, del PSOE, asegura que no se siente discriminado por el Principado en relación a los servicios que se dan en zonas de montaña y los existentes en municipios costeros, aunque sí que tiene otras quejas. "Lo que no me parece lógico es que las playas sean de dominio público estatal para cualquier cosa y los Ayuntamientos no pinten nada, y sin embargo a la hora de limpiar nos carguen a nosotros los costes", señala. Bajo su punto de vista, el Estado debería correr con esos gastos. En el caso de Ribadedeva, la limpieza estival sale por 7.656 euros, mientras del resto se encargan los operarios municipales.
En cuanto a Colunga, la limpieza de sus playas se llevó el año pasado 79.900 euros. En este sentido, la alcaldesa, la también socialista Sandra Cuesta, no se muestra tan crítica como la regidora riosellana, aunque sí que considera que se debería ayudar a los consistorios. "Una limpieza al menos sí que debería hacerla otra administración, los ayuntamientos no tenemos muchos recursos", argumenta Cuesta.
Quien sí muestra un mayor malestar es la alcaldesa de Caravia, Salomé Samartino, del PP, que considera que los ayuntamiento son los "grandes agraviados". "Los municipios costeros con incidencia turística tienen unos gastos importantes y estaría bien que hubiera una partida que tuviera en cuenta el aumento de población en verano", apunta la alcaldesa, quien destina 11.400 euros al año.
