El muro de siete metros de altura de la urbanización La Llavandera, en Pancar (Llanes), se queda. Fue construido sobre un talud de piedras también de siete metros, de forma ilegal, sin licencia, sin proyecto e incumpliendo la normativa urbanística y el plan parcial, pero la "absoluta dejación" de los anteriores gobiernos socialistas ha propiciado una sentencia judicial, a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, que da la razón a la promotora: transcurrieron más de cuatro años desde la terminación de las obras, por lo que han prescrito la infracción y la orden municipal de restablecer el terreno a su estado original y han caducado todos los expedientes informativos y sancionadores abiertos pero no tramitados por el Ayuntamiento desde que la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall) denunció por primera vez que el muro era ilegal, el 12 de febrero de 2008, hace ya más de 12 años.
La jueza es rotunda en la sentencia al criticar la "falta de orden y de coherencia del expediente administrativo" y el hecho de que el Ayuntamiento haya tardado "más de 8 años en dictar resolución". La sentencia recoge un informe en el que la TAG de Urbanismo del Ayuntamiento de Llanes destaca la "absoluta dejación" de los gobiernos de la socialista Dolores Álvarez Campillo "en la restauración de la legalidad urbanística, así como la pasividad mostrada ante los sucesivos requerimientos de la Consejería de Infraestructuras". Porque este departamento autonómico, haciéndose eco de la denuncia de Avall, empezó a reclamar información al Ayuntamiento ya en febrero de 2008 y siguió solicitándola hasta 2017. No obtuvo respuesta. La TAG señala que ignora "los motivos por los cuales nos se tramitó y resolvió en su día el preceptivo expediente de restauración de la legalidad urbanística, así como el expediente sancionador correspondiente".
La sentencia del Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo número 6 de Oviedo es contundente: resalta que los procedimientos administrativos se iniciaron el 4 de marzo de 2010, y aunque dos años más tarde se abrió otro expediente ambos han prescrito, lo mismo que las infracciones cometidas por la promotora. Además ha caducado también el plazo para el ejercicio de la acción de medidas de protección de la legalidad urbanística.
Es cierto que el Ayuntamiento de Llanes ordenó el 4 de marzo de 2010 paralizar las obras y que abrió un expediente sancionador porque el muro se construyó sin licencia y sin amparo de proyecto alguno, pero la orden no se cumplió y el organismo municipal no hizo nada al respecto. Dos años después se repitió la historia: el equipo de gobierno reconoció la existencia de un "muro de grandes dimensiones que altera de manera sustancial la topografía" de la zona y que incumplía la normativa urbanística municipal, por lo que ordenó restaurar el terreno a su estado original. Pero de nuevo la orden fue papel mojado. El Ayuntamiento miró hacia otro lado.
Tampoco el actual equipo municipal de Gobierno (VxLL, Foro, PP e IU) actuó con diligencia: llegó al poder en mayo de 2015, recibió en junio de 2016 de la Consejería una solicitud de información sobre el expediente sancionador y sobre si ya se había restaurado el terreno, pero solo reaccionó en marzo de 2017, por lo que, como señala la jueza, desde que concluyeron las obras ya habían transcurrido más de 4 años "por causa no imputable a la promotora", y ese es el plazo máximo para actuar frente a "infracciones muy graves", como es el caso. Además, el Ayuntamiento debió "resolver y notificar" sus expedientes y órdenes de legalización y de restauración del terreno en un plazo máximo de tres meses. Pero no lo hizo. El resultado de todo ello es que el muro de La Llavandera, que provocó la desaparición de varios ejemplares de encinas protegidas y por encima del cual se construyó una vivienda, no será finalmente derribado, ni modificado.
