Ribadesella quiere blindar la seguridad de sus hosteleros y librar de toda culpa a la administración local. Por eso hoy llevará a pleno la remodelación de la ordenanza de terrazas para así cumplir con la ley de accesibilidad después de que la denuncia de un particular a un negocio hostelero fallara en contra de la normativa municipal que permite colocar terrazas sin respetar las medidas recogidas en la legislación.
La problemática de Ribadesella se sucede en la mayor parte de las villas de la comarca, porque la distribución de los callejeros hace que sea difícil respetar la citada norma y guardar con el mobiliario -terrazas en su mayoría- una distancia a la fachada de 1,80 metros, más 1,20 a las calzadas con tráfico, garantizando siempre un itinerario peatonal accesible.
Hoy el Gobierno riosellano planteará la solución a la alegalidad que cometían hasta ahora. El alcalde, Ramón Canal, cree que habrá negocios que puedan verse perjudicados en cuanto a que "tal vez tengan que reducir el número de mesas", pero confía en que la nueva ordenanza dé margen suficiente para que ningún establecimiento se quede sin terraza. Por el momento, lo que hoy se debatirá en el pleno es un borrador que deberá contar con el visto bueno de todos los grupos políticos y que, de aprobarse, deberá someterse a un período de exposición pública en el que se recogerán todas las alegaciones pertinentes.
Lo que está claro, avanza Canal, es que "la normativa hay que cumplirla, tenemos una sentencia recurrida que es tajante, y quien no pueda adaptarse a los metros que se exigen por ley se quedará sin terraza" porque el Gobierno no está dispuesto a asumir sanciones de otro órgano.
Y es que el alcalde espera aún por la respuesta del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) a quien recurrieron, junto al sector hostelero, la sentencia que le era favorable a un particular tras denunciar a un negocio de la villa por la colocación de la terraza. Al Ayuntamiento se le acusó de un presunto delito de inacción porque en un primer momento el vecino solicitó al Ayuntamiento la retirada de la terraza, pero no obtuvo una respuesta favorable. Así, acudió a la justicia y se abrió un contencioso administrativo que acabó por fallar en contra de los hosteleros y del propio Ayuntamiento.