La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento de Ponga contra la orden del ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) que incluye al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y, en consecuencia, que no se pueden cazar.
En Asturias, Ponga es el único municipio que ha recurrido la orden del Gobierno central. Sí han presentado recursos varias comunidades autónomas, diputaciones, sindicatos y cooperativas agrarias, entre otros, pero como Ayuntamiento, al menos en el Principado, solo Ponga.
La alcaldesa socialista, Marta Alonso Guijarro, destacó ayer el hito de que haya sido admitido el recurso que sobre la polémica protección del lobo pone al Gobierno de España “un municipio de 600 habitantes”, que ya ha anunciado que “peleará hasta el final”. Fue presentado inicialmente por decreto desde la Alcaldía para no incumplir los plazos y ratificado posteriormente por unanimidad de todos los grupos políticos municipales, en sesión plenaria, el pasado mes de noviembre.
Marta Alonso lo tuvo claro desde el principio: defender los intereses del sector ganadero es defender los intereses de todo el concejo. Y atacar a la ganadería es atacar al medio rural.
La regidora pongueta recordó que el recurso se aprobó desde el conocimiento del medio y por los “ataques” que sufre el medio rural y recordando el peso del sector ganadero en el concejo. “Son las personas que viven en los pueblos las que mantienen los montes. Si desaparecen, tendremos un problema. Todo será un matorral. Ni la gente que viene a disfrutarlo ahora, ni la que quiere vivir en los pueblos va a poder hacerlo”, comentó, porque cree que no se pueden tomar decisiones como la del lobo sin conocer la zona afectada.
Desde que se diera a conocer la presentación del recurso por parte de Ponga, el Ayuntamiento ha percibido una “campaña” contraria a su decisión desde grupos conservacionistas “recriminando” la decisión. “Hemos recibido correos, mensajes y demás..., desde asociaciones ecologistas. Nosotros defendemos nuestros intereses y lo haremos hasta las últimas consecuencias o mientras el proceso judicial nos lo permita. Vamos a pelearlo”, explicó Alonso Guijarro. Y añadió que el nombre de Miteco (acrónimo de Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) “les queda precioso”, pero se preguntó cómo se van a abordar políticas de reto demográfico o transición ecológica, si no hay gente en los pueblos. “Si desaparecen los ganaderos, ¿quién va a cuidar y mantener la zona rural?”.
A partir de la admisión del recurso hay un plazo de 20 días para que los servicios jurídicos del municipio reciban el expediente y preparen su actuación a la espera de la contestación de la Abogacía del Estado.
