“Soy inocente, hice lo que me asesoró la secretaria interventora. Es mentira que pusiese algún reparo. Eso lo dijo después de que tomásemos la decisión. Si nos asesoró mal o no nos asesoró, ya se verá”, afirmó ayer por la mañana el exalcalde forista de Ponga Cándido Vega, que se enfrenta a cinco años de prisión y diez años de inhabilitación por los delitos de prevaricación y malversación, al haber cargado al Ayuntamiento los gastos de su defensa jurídica en el juicio por delitos contra el medio ambiente celebrado en 2012, en el que resultó condenado a siete años de inhabilitación.
El ministerio público y el Ayuntamiento de Ponga (acusación particular) le acusan además de cargar a las arcas del municipio los gastos de comida y desplazamientos de los vecinos que acudieron al juicio para apoyar al entonces alcalde. Ayer, viernes, Vega se sentó en el banquillo junto a los entonces concejales de Foro Ángel María Collado, Víctor Armando Ibáñez y Mercedes Traviesa, que también fue alcaldesa del municipio. Para los dos primeros la Fiscalía y el Ayuntamiento piden dos años y medio de prisión y nueve años de inhabilitación. A Traviesa solo la acusa el Ayuntamiento, que le pide la misma pena que a los dos anteriores.
En la vista se plantearon las cuestiones previas. La defensa de Cándido Vega, a cargo del letrado José Alberto Montes, pidió la nulidad de las actuaciones, al considerar que el Ayuntamiento de Ponga denunció los hechos que se están juzgando en virtud de un acuerdo plenario en el que no hubo informe alguno de la secretaria-interventora o de la asesoría jurídica. También ha solicitado que se anulen las pruebas facilitadas “sin que lo solicitase la Fiscalía”. En caso de que esto no se produzca, el letrado de Vega solicita que se expulse al Ayuntamiento de Ponga del proceso, por entender que su personación no se hizo legalmente.
La letrada del Ayuntamiento de Ponga rechazó la nulidad. La necesidad de un informe, indicó, es un requisito exigible solo en caso de que se inicie un procedimiento contencioso-administrativo, pero no cabe en la jurisdicción penal. Por otro lado, la inexistencia de un informe escrito por parte de la secretaria o la asesoría jurídica no indica necesariamente que los concejales no hayan sido debidamente asesorados, y, de hecho, en el acta del Pleno que decidió presentar la denuncia ante la Fiscalía se recoge que los ediles han sido informados, añadió.
El ministerio público también rechazó las pretensiones de la defensa de Vega (a la que se adhirió la de Traviesa) al considerar en primer lugar que son extemporáneas y que debieron plantearse en su momento, cuando se inició el proceso. Pero es que los concejales y la regidora de Ponga, Marta Alonso, no podían hacer otra cosa, ya que están obligados por ley a denunciar cualquier ilícito del que tengan conocimiento.
Tras estas cuestiones previas, el magistrado Francisco Javier Rodríguez Santocildes, presidente del tribunal, aunque es ponente la también magistrada Mireia Ros de San Pedro, suspendió la vista hasta el próximo viernes. En el ínterim, se elaborará el auto de respuesta a las peticiones de nulidad de las defensas.
Esta suspensión impidió que declarasen los acusados y la primera de las testigos, la propia alcaldesa Marta Alonso, quien defendió el derecho del Ayuntamiento a denunciar los hechos por tratarse de parte perjudicada por la acciones de Vega y los otros concejales. El viernes que viene se dará a conocer la decisión de los jueces y si continúa el juicio o se anulan las actuaciones.
