La Consejería de Cultura habría informado favorablemente varios permisos en el área de protección de la cueva de El Covarón, basándose en las licencias de parcelación otorgadas por el Gobierno municipal de Llanes en 2006. Así lo manifestaron ayer miembros de AVALL (Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes) en una rueda de prensa en la que anunciaron que han solicitado a la consejería que remita todas las licencias otorgadas e informadas favorablemente por su parte desde la declaración como BIC (Bien de Interés Cultural) de la Cueva en 2009 hasta la actualidad.
Reunida la información, Domingo Goñi y María José Rodríguez, presidente y secretaria del colectivo, respectivamente, afirmaron ayer que la llevarán ante el ministerio fiscal y el Juzgado, que investigan si ha existido un presunto delito patrimonial del actual Gobierno local por una construcción cercana a una entrada secundaria a la cueva, cuyas obras fueron paralizadas en 2020. El objetivo es que esa documentación arroje una “verdad completa” ante el Fiscal y el juzgado de Llanes sobre los hechos. Y apuntan a “intereses políticos inconfesos” como “autores del desmadre que se quiere cargar sobre las espaldas de funcionarios”.
Cuando se protegió el yacimiento en 2009 regía en Llanes el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2002, anulado posteriormente, que clasificaba gran parte de ese área de protección como “núcleo rural y a las parcelas que albergaba como edificables”, según explicaron. Una de ellas, situada cerca de la entrada secundaria a la cueva ,“no de la principal”.
Recuerdan que la ley de Patrimonio Cultural vigente obliga a elaborar un Plan Urbanístico de Protección del área afectada por el BIC o a modificar el existente, teniendo que contar con informe favorable de Cultura, algo que, según indicaron, Llanes no hizo ni cuando estaba vigente el PGOU ni cuando fue anulado. “Llanes no hizo nada”, afirmaron.
Aseguran que ya entonces el Ayuntamiento otorgó “múltiples licencias” para construir en el área de protección de la cueva “para mayor vergüenza del Gobierno local del PSOE”. Consideran aún más “vergonzoso” que Cultura, que ahora denuncia los hechos ante el ministerio fiscal, “rasgándose las vestiduras y falsa como un judas” conocía el artículo 55 de la ley de Patrimonio, que le da potestad para aprobar la redacción y aprobación de este plan de protección, un plan que está “obligada” a hacer si el Ayuntamiento, “como hizo Llanes”, no cumple.
El colectivo quiere saber cuántos requerimientos hizo el Principado al Ayuntamiento desde 2009 para que protegieran El Covarón donde se “señale de forma clara y segura en qué parcelas no podía edificarse para proteger los valores arqueológicos” del lugar. No tienen constancia de ninguna.
Si Cultura lo hizo, añaden los responsables del colectivo, “tiene la oportunidad” de explicar cuál fue su “comportamiento ante un ayuntamiento que hacía lo que le daba la gana”, manifestaron desde la agrupación vecinal, que cuenta con documentación de al menos 6 licencias otorgadas en El Covarón en anteriores etapas.
Por su parte, Marián García de La Llana, concejal de Urbanismo de Llanes, respondió ayer a Podemos, formación que pidió el jueves su dimisión. La edil rechazó que se plantee esta petición “sin que existan actos probados”. De la Llana firmó una resolución técnica favorable en este caso. Ella y los técnicos participantes en el expediente, que no incluye el informe de Patrimonio, declararán en la investigación. La edil partió una lanza en favor de los técnicos por la “inseguridad” que les genera carecer de plan en el desempeño de sus funciones.
Por su parte el PSOE local tildó de “patético” que AVALL “pretenda tapar el escándalo de El Covarón” solicitando otras declaraciones BIC. Acusaron al Gobierno local de una “presunta actuación delictiva” en el lugar. Reclamaron además que el alcalde, Enrique Riestra, se pronuncie sobre este tema. También el “cese” de la edil y que solucione “la grave situación por la que atraviesa el departamento urbanístico”.
