Dos exalcaldes ribadedenses acusados de prevaricar se escudan en la secretaria: "Nadie va a querer ser alcalde con estas acusaciones"

"Lo único que hice es desvivirme por los vecinos, no merecía estar aquí dando explicaciones por algo en lo que nunca se actuó arbitrariamente. Nadie va a querer ser alcalde con estas acusaciones, hay que amparar a los regidores", señaló el exalcalde de Ribadedeva Jesús María Bordás tras ser juzgado por la sección segunda de la Audiencia, junto a su antecesor, el también socialista Alejandro Reimóndez –que compareció por videoconferencia desde Estados Unidos–, por presunta prevaricación administrativa, al haber contratado sin concurso público a un arquitecto entre 2003 y 2019. Los antiguos alcaldes justificaron el contrato por la ingente carga de trabajo en materia urbanística, con un nuevo Plan General y más de mil viviendas en construcción. Ambos se confesaron desconocedores de la legislación de contratación: "La secretaria municipal nunca nos advirtió de que el contrato fuese ilegal".

La secretaria, ya jubilada, dijo que se había suscrito un contrato de asesoría, cuando, en realidad, era un contrato menor. Adujo la carga de trabajo y circunstancias personales para que se le hubiesen "pasado" las prórrogas del contrato. En todo caso, para ella eran perfectamente legales por la urgencia de la situación. Además, el arquitecto desarrolló su trabajo de forma modélica e hizo que el Ayuntamiento ingresase "millones de euros".

Bordás adujo que, en cuanto se enteró de las irregularidades, en 2019, cesó al arquitecto. Y explicó que todo partía de una denuncia del actual alcalde, Jorge Martínez. "Tuvo un problema con una compañera de trabajo en el Ayuntamiento y me pidió que le diese la razón, que era socialista. Planteó un pleito que perdió. Luego le gané unas elecciones y me denunció", dijo. Martínez (Juntos por Ribadedeva) dijo que su grupo tenía derecho a fiscalizar los contratos. La fiscal mantuvo su petición de 9 y 12 años de inhabilitación. Las defensas, a cargo de Juan Álvarez Peón y Pablo Martínez Sánchez, pidieron la absolución al no darse los requisitos del tipo y haber una cuasiprescripción.