La Comisión Europea considera que la operación del Palacio de Justicia vulnera la directiva europea sobre libre concurrencia, ya que aprecia que se trata de un contrato de obra adjudicado de forma directa a una empresa y que se pagará a plazos. Considera que el Principado «no ha respetado las disposiciones de dicha directiva, al no haber licitado las obras para la construcción del Palacio de Justicia». El Principado alega ante esta postura que, tal como defiende en su informe Raúl Bocanegra, no se puede licitar una obra sobre una parcela que es de propiedad privada y que es ése el solar que se considera idóneo, por su ubicación y características, para albergar las nuevas sedes judiciales, actualmente dispersas por la ciudad.
