P. GONZÁLEZ
L. S. NAVEROS
La portavoz del Gobierno regional, Ana Rosa Migoya, justificó ayer la compra de la parcela del Vasco para la construcción del Palacio de Justicia, pese a los severos recortes que deben acometer todas las administraciones públicas por la crisis, porque se trata «de una inversión, y no de un gasto». La Consejera hizo esta valoración tras un Consejo de Gobierno del Principado en el que quedó sobre la mesa la propuesta de modificar la ley de presupuestos para permitir la adquisición de la parcela sin debate previo en la Junta General. La iniciativa fue presentada por el consejero de Economía y Hacienda, Jaime Rabanal, fuera del orden del día, y contó con la frontal oposición de los dos consejeros de IU, Noemí Martín y Aurelio Martín. Finalmente, se decidió dejar el asunto para una próxima reunión, por motivos de «oportunidad política» -la reunión se celebró la misma mañana en la que el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció el mayor recorte de gasto público de la democracia-, y ante el debate interno suscitado.
Tras el Consejo de Gobierno, a preguntas de los periodistas, Ana Rosa Migoya aseguró que la decisión de adquirir la parcela «no ha sido tomada por el Consejo de Gobierno. No estaba en el orden del día». La Consejera añadió que la decisión de cerrar la compra con Jovellanos XXI «todavía no está tomada, aunque tener un nuevo Palacio de Justicia es una inversión y un objetivo que el Gobierno de Asturias ha dicho que defendía y que defiende. Consideramos que es necesario para la administración de justicia».
Migoya argumentó que los recortes presupuestarios no tienen por qué afectar al Palacio de Justicia. «Estamos hablando de inversiones. Que haya restricciones, ajustes y recortes, fundamentalmente en el gasto corriente, no quiere decir que se paralicen en este país todas las inversiones. El Gobierno de España, lógicamente, seguiría haciéndolas, y nosotros también. Las inversiones son necesarias para que se siga manteniendo un nivel de actividad económica y de empleo. Haremos un esfuerzo por contener los gastos de funcionamiento ordinario de la Administración para seguir manteniendo el esfuerzo inversor».
El acuerdo que ayer quedó sobre la mesa pretende facilitar al Gobierno el instrumento para adquirir la parcela del Vasco sin un debate previo en la Junta General. Se trataría de suprimir la disposición adicional undécima de la Ley de Presupuestos de 2010, que impide que el Gobierno regional pueda decidir directamente sobre la financiación y ejecución de proyectos cuya licitación supere los 20 millones de euros.
El Gobierno regional intenta retomar así el proyecto del Palacio de Justicia en la parcela del Vasco, después de que el alquiler con opción a compra de un edificio que Jovellanos XXI iba a construir fuera anulado. El alquiler durante 30 años fue considerado por la Comisión Europea como un pago aplazado de obra pública, por lo que pidió a la Administración asturiana que sacara a licitación el proyecto. La Comisión Europea se pronunció por una denuncia de IU-Los Verdes, socios del Gobierno regional.
