L. S. NAVEROS

Cese fulminante y completo. El concejal de Cultura, José Suárez Arias-Cachero, fue destituido ayer de todos sus cargos en el equipo de gobierno y expulsado del grupo municipal del PP, tan sólo tres días después de que se pronunciara públicamente a favor de la designación del ex ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, como candidato del PP a la presidencia del Principado, en contra del criterio del alcalde, Gabino de Lorenzo, y de la propuesta para que sea candidata su compañera de Corporación, Isabel Pérez-Espinosa.

El decreto de destitución del Alcalde, sin embargo, no hace alusión a esta toma de partido de Arias-Cachero en la batalla interna del PP, si no a presuntas irregularidades cometidas por el concejal en la contratación del área de Cultura. El escrito que cesa al edil, firmado ayer por Gabino de Lorenzo, se basa en un informe del concejal de Economía, Jaime Reinares, en el que se llega a hablar de «tinglado» en la contratación de una empresa de mensajería, de la que es administrador un cuñado del hasta ahora concejal de Cultura, y en la que un hermano, Francisco Suárez Arias-Cachero, figuraba como accionista hasta mayo de 2009, «fecha en la que, aproximadamente, se inicia la relación del Ayuntamiento» con la empresa.

«Señor Alcalde: adjunto le envío informe que acredita el incumplimiento de la legislación en materia de contratación por parte del concejal José Suárez Arias-Cachero, que debería haberse abstenido en relación con la contratación de una empresa de la que es administrador un cuñado suyo», señala Reinares en un escrito dirigido a De Lorenzo. «La gravedad de estos hechos totalmente acreditados hace necesario el cese del concejal mencionado en todas sus responsabilidades. Estudiaremos próximamente si además de responsabilidad política existe responsabilidad de otra naturaleza que aconseje remitir a la fiscalía el asunto para depurar las responsabilidades judiciales que pudieran existir», añade el concejal de Economía.

Cachero, que fue informado ayer mismo de la decisión, aplazó hasta hoy su valoración, aunque sí afirmó que se trata de contratos por valor de 8.000 euros en dos años.