"Fui destituida por cumplir la ley, pero soy feliz porque el derecho es mi pasión". Dora Alonso Riesgo ingresó ayer como miembro de número en la Academia Asturiana de Jurisprudencia cuando se cumple -concretamente hoy- un año desde que fuese destituida por la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro) como secretaria general de ese Ayuntamiento. La elección de la fecha para el ingreso es casualidad, puesto que la Academia adoptó la decisión en enero de 2013. Antes de presentar un discurso crítico con la reforma de la ley de administración local del PP, la jurista -que está a la espera del recurso a la sentencia que dio el visto bueno a su cese- agradeció el nombramiento y explicó que supone para ella "una satisfacción, después de estar treinta años dedicada a la administración local; estoy convencida de que he escogido mi vocación".

A continuación, Dora Alonso desgranó varios aspectos de la reforma del PP, que tiene entre sus objetivos acabar con la duplicidad en la prestación de servicios por parte de las administraciones. Sin embargo, para la experta, esta pretensión puede volverse en su contra: "En el momento actual puede ser que no tenga sentido que continúen prestando servicios obligatorios los municipios muy pequeños de forma individualizada. Ahora bien, hay que tener en cuenta que los municipios de menos de 20.000 habitantes son muy numerosos, 71 en Asturias, así que si la coordinación no se hace de forma racional puede suponer la creación de nuevos entes como mancomunidades, consorcios u otras fórmulas asociativas", manifestó.

Para Dora Alonso, durante los meses que lleva en vigor la ley, su aplicación está resultando complicada y está dando mucho que hacer. "No puede decirse que haya introducido mejoras efectivas en la gestión, sino que al contrario, ha creado importantes problemas prácticos con la consiguiente merma de atención a los ciudadanos en general y a los vecinos más desfavorecidos en particular".

A la disertación asistieron, entre otros, la fiscal superior de Asturias, Esther Fernández; el presidente de la Junta General del Principado, Pedro Sanjurjo; el expresidente de la Audiencia Provincial, Ignacio Álvarez; el catedrático de Derecho Público, Ramón Punset; el presidente de la Academia de Jurisprudencia, Leopoldo Tolivar; y el secretario de la institución, Rafael Fonseca.