La sevillana Beatriz Fernández no se atreve a decirles a sus tres hijos pequeños (de 6, 3 y 2 años) que el próximo miércoles se tendrán que ir de su casa, porque dejará de existir. Viven en Brañes, en pleno parque periurbano del Naranco, en una vivienda ilegal que se construyó con una licencia para una caseta de obra. Una denuncia del Seprona destapó las irregularidades urbanísticas (también el desmantelamiento de un hórreo sin autorización) y el 19 de julio de 2011 se dictó la primera orden de demolición, dirigida al titular de la edificación, el empresario y jinete ruso Alexander Ermakov. Es el hombre con quien Beatriz se casó a los 23 años y tuvo tres hijos. Hace dos años que están divorciados y el juez le ha dejado a ella y a los pequeños la vivienda. Aquella orden de demolición nunca se llevó a cabo y ella asegura que no sabía que vivía en una casa ilegal hasta que la orden de demolición se la notificaron a ella, como nueva titular, hace unos meses.
"Soy víctima de una trama de presunta corrupción, a cuyos beneficiarios no les importa dejarme a solas con esta tragedia", explica la mujer. "Vivo en esta vivienda desde hace cinco años, desde el primer día de su construcción y fui testigo de las obras. Por aquí se pasaron el arquitecto, los técnicos del Ayuntamiento de Oviedo y hasta la Policía Local, todos eran conocedores de las mismas", sostiene Beatriz Fernández, que vive con los 500 euros que le pasa al mes su exmarido y que ahora cría gallinas para que sus hijos puedan comer huevos. Su madre, también sin trabajo, se ha ido a vivir con ellos al Naranco. "¿Saben si me dejarían ir a la cárcel para que mi hija y mis nietos no se queden en la calle?", pregunta la mujer, María Luisa Sánchez.
¿Dónde está la presunta trama de corrupción que denuncia Beatriz Fernández? Ella sostiene que, tras recibir la notificación de demolición, se fue al Ayuntamiento a ver los expedientes de la casa y que, tras estudiarlos, ha encontrado "claras irregularidades". Según sus pesquisas, un informe técnico municipal determinó que la obra era ilegal cuando las obras estaban en su fase inicial. Además, la mujer va un paso más allá y asegura que el expediente permaneció "secuestrado" durante dos años en el cajón del anterior concejal de Urbanismo, Alberto Mortera. "Fue la denuncia del Seprona la que destapó todo y la que hizo actuar al Ayuntamiento, obligando a la jefa del departamento a informar de lo sucedido, tras el abandono del concejal Mortera", asegura Beatriz Fernández.
Cuando, según su testimonio, tuvo conocimiento de que las cosas se ponían serias para ella y sus hijos, contrató un abogado y empezó a moverse y a presentar recursos contra la resolución de demolición. Ninguno, de momento, ha sido estimado. "No sé lo que pasará el miércoles. No tengo a donde ir. No quiero imaginar que tenga que sacarnos por la fuerza la policía", explica la madre sevillana.
Para buscar una solución a su situación ha llamado a más puertas. De todos los políticos a los que se dirigió en el Ayuntamiento solo la ha recibido el concejal de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo (Somos), que precisamente es quien firma y debe ejecutar la orden de demolición. "Me deseó suerte y me dijo 'talueguín' al despedirse. Dice que no es su competencia y que no está en su mano ayudarme", relata Fernández. "Estaba acompañado de la jefa de los técnicos quien me reprochó, de muy malas maneras, el haberme presentado allí hablando de presunta corrupción, pidiendo respuestas y ayuda para mi familia. Ni el concejal ni ella me apoyaron paralizando los actos y me respondieron que no era de su competencia y que iban a demoler la casa el día 23 sí o sí", manifestó la mujer. Aunque todo comenzó hace cinco años, para ella el tema "es nuevo" porque insiste en que no sabía nada. Por eso sostiene que no puede entender "a qué viene tanta prisa y sin darme la oportunidad de ejecutar mis derechos legales", comenta la afectada. "Me parece inhumano dejar a una familia en la calle sin techo dando prioridad a unos asuntos urbanísticos de los cuales no era ni soy partícipe. Me siento indefensa y abandonada ante esta situación, que podría ser resuelta de una forma más humana", clama la joven.
Según el último expediente de demolición de la vivienda, fechado el pasado 4 de agosto, el próximo miércoles a primera hora de la mañana y en presencia de la Policía Local la empresa FCC -a quien se le han adjudicado las obras de demolición- comenzará la restauración de la legalidad urbanística de la finca en la que viven Beatriz y sus hijos, en Las Cabañas. La orden incluye la demolición "de una edificación con sótano en el frente, más cimentación en la parte trasera, y de una casa prefabricada de madera sobre la citada edificación, así como de un tendejón de unos 50 metros cuadrados". La resolución pide a los propietarios y a los moradores de la casa que faciliten el acceso a la finca al personal de la empresa y a los técnicos municipales. Además de quedarse sin casa, Beatriz Fernández y su familia se enfrentan al pago de los casi 40.000 euros que cuesta el proyecto de demolición.
