La diferencia de opiniones sobre el ejercicio de la mendicidad enfrentó ayer en la comisión plenaria de Atención a las Personas a dos socios del tripartito (PSOE e Izquierda Unida). El concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, defendió la imposición de sanciones a mendigos (solo se han puesto dos este año) en casos en los que supongan un acoso al ciudadano. Por su parte, Cristina Pontón, de Izquierda Unida censuró que "la pobreza sea criminalizada". No hubo entendimiento entre los dos socios del equipo de Gobierno y finalmente IU registró una proposición de urgencia para pedir en el próximo Pleno la derogación de la ordenanza de convivencia ciudadana que permite sancionar la mendicidad.

El debate surgió a raíz de una pregunta de IU, que se hizo eco de una información publicada en este periódico, con datos de las actuaciones de la Policía Local este verano: entre ellos figuraban dos expedientes sancionadores a personas por ejercer la mendicidad. El concejal de Seguridad Ciudadana llevó ayer a la comisión plenaria los datos de su área sobre intervenciones con mendigos, para ofrecérselos a IU, junto a una explicación. "Es mi posición personal y como socialista", indicó. "No puedo dar por bueno que la mendicidad sea contemplada como un medio de vida", manifestó. Fernández detalló que desde principios de año su Concejalía colabora con la de Atención a las personas en intervenciones con mendigos, para facilitarles información sobre los recursos a su disposición. En total, los agentes policiales se han acercado este año a 86 mendigos, 71 de ellos en la zona centro, 14 en la zona baja y uno en la zona alta de la ciudad. Ninguna de estas intervenciones implicó la imposición de cualquier tipo de sanción.

Además, entre los datos que maneja la Policía Local, figuran otras 24 intervenciones que el concejal de Seguridad Ciudadana definió como "de carácter humanitario", en lo que engloba "cualquier tipo de conflicto que implica una mediación de los agentes, por ejemplo, gente tirada en la calle, sin recursos".

A todos estos datos se suman los dos expedientes sancionadores, en concreto en la calle Doctor Casal. Fernández explicó que se iniciaron a raíz de denuncias de ciudadanos que se sintieron acosados. "No se trata de perseguir a alguien desvalido", puntualizó, a la vez que dio su respaldo a la labor policial y criticó "ciertas políticas de izquierdas, prolongación del neoliberalismo, que pretenden vaciar de capacidad de poder a la administración".

Por su parte, Cristina Pontón, explicó que IU había decidido llevar el asunto al Pleno después de escuchar las explicaciones de Ricardo Fernández, que, por lo visto, no han convencido a este socio de gobierno. "Pedimos que el Pleno acuerde exigir que el Gobierno utilice todos los medios jurídicos necesarios para paralizar cualquier sanción a personas en Oviedo que por causas de pobreza y exclusión social se vean obligados a ejercer la mendicidad", señaló. "La pobreza no puede ser causa de sanción, sino de intervención social y los conflictos de convivencia tienen que tener su resolución solamente en el marco de una buena política social", añadió.