Ricardo Morón Prieto, profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Madrid, intervino ayer en la jornada "La remunicipalización de los servicios municipales", organizada por el Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento.
-Usted ha iniciado su conferencia hablando de saqueo...
-Llevamos cerca de 30 años desde que las privatizaciones se iniciaron con un planteamiento ideológico neoliberal. En los servicios públicos se ha hecho a través de entregar la gestión mediante contratos, pero es que también ya se ha vendido mucho de lo público. Ya no nos acordamos, pero Telefónica era una empresa nacional, y alguna eléctrica, también. Probablemente si hubiera eléctricas públicas no tendríamos los problemas actuales de pobreza energética.
-¿Se piensa que la gestión pública es siempre defectuosa?
-El discurso de la ineficacia o ineficiencia de lo público está muy mitigado porque se ponen de manifiesto, no sólo los procesos corruptos, sino incluso los procesos normales, en los que las empresas privadas no garantizan un mejor servicio, y ni siquiera una gestión más económica. El Tribunal de Cuentas ha puesto de manifiesto el encarecimiento progresivo y el deterioro de servicios, o la falta de inversiones y de mantenimiento de servicios importantes. Por tanto, esto no es sólo una cuestión de críticos, o de una postura ideológica, sino de la falta de funcionamiento adecuado del sector privado.
-¿Cifras o porcentajes de lo público y lo privado?
-En los años setenta en torno al 65 por ciento de PIB de los países desarrollados (Europa, EE UU, Canadá Japón o Australia) estaba gestionado por el estado, era público. Todavía hay en torno al 50 o al 40 por ciento, dependiendo de los países.
-¿Riesgos que temer?
-Los tratados de libre comercio (el viernes pasado se autorizó el de Canadá y se está preparando el de EE UU), prevén la liberalización de todos los servicios: sanitarios, educativos, pensiones, etcétera, de todo lo que sea susceptible de ser gestionado por empresas, sean de donde sean, americanas o alemanas. Con ello se introduce una presión brutal para la liberalización y la privatización de todos esos servicios que son elementos básicos de estado de Bienestar (sanidad, educación y prestaciones sociales). Y eso puede hacer que una gran parte del patrimonio social sea gestionado de manera privada. En el pasado hubo la directiva Bolkestein -iniciativa de liberalización de servicios en la UE que al final quedó en agua de borrajas-, decía que todo aquello que sea susceptible de tasa, arancel o precio podía ser privatizable. Lo hemos visto en España recientemente con los registradores de la propiedad o con los registros civiles.
-Hay numerosos ayuntamientos, como el de Oviedo, con afanes remunicipalizadores. ¿Avanzan?
-Sí hay un avance de estos procesos, pero son unos brotes verdes en un ámbito preparado para la privatización o la externalización. Además, hay un apoyo de la opinión pública a estos procesos porque a medida que ha habido más información la gente se indigna de que haya privatizaciones con sus intermediarios, que empezamos a conocer porque aparecen todos los días en los telediarios, y nos cuentan cómo se engordan los precios de las licitaciones para que luego se pueda financiar tal o cual partido. Esto enfada mucho a la gente porque, a cambio de eso, se dejan de hacer otro tipo de cosas. Por ejemplo, en Valencia, en las licitaciones había unos engordes de precio y en cambio habia un montón de chavales que estudiaban en barracones.
-¿Cuáles son los obstáculos más duros para remunicipalizar?
-Los peores son los jurídico-presupuestarios. Y ello a partir de reforma de la Constitución y de las leyes de equilibrio presupuestario y la normativa de control del gasto. Ha sido cerrojazo a las comunidades y a los ayuntamientos. Sostengo que estamos ante un estado de excepción no declarado en el que se han suspendido derechos como la autonomía loca. Hay ayuntamientos que no pueden decidir sin pedirle permiso a Montoro. Las comunidades autónomas están en una situación igual, de indigencia. Y las universidades, a las que la Constitución les garantiza autonomía, están sometidas por vía presupuestaria de las comunidades. Y en la negociación colectiva han creado mecanismos para suspender convenios y no aplicarlos. Esto es un estado de alarma o de expcepción no declarado constitucionalmente.
