Los médicos interinos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) acusaron ayer a la Consejería de Sanidad del Principado de propiciar "el enchufismo y el clientelismo" en los procesos de selección de personal que previsiblemente se iniciarán el próximo mes de diciembre y se desarrollarán a lo largo de 2017.

En un escrito respaldado por 90 facultativos del complejo sanitario ovetense, los firmantes critican la falta de voluntad de la Administración sanitaria para evitar irregularidades como las registradas en las oposiciones celebradas en 2011. Anomalías que incluso llegaron al Tribunal Supremo, que ha dictado una sentencia que anula el proceso selectivo de medicina interna a causa de las filtraciones de preguntas de algunos miembros del tribunal a determinados opositores.

En su manifiesto, los médicos censuran la petición del Principado de no ejecutar la citada sentencia del Supremo, que obliga a repetir el segundo examen de un concurso-oposición en el que 23 especialistas habían obtenido plaza fija en la sanidad pública asturiana. "Es escandaloso", subrayan, en referencia a la solicitud del Gobierno regional ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que en su día había dictaminado que en la oposición de medicina interna no se había producido irregularidad alguna. Otro reproche a la Administración regional obedece a la negativa a introducir cambios en el modelo de examen.

El escrito de los médicos interinos del HUCA, al que se han sumado algunos facultativos con plaza en propiedad, aparece publicado de forma íntegra en esta misma página. Las firmas fueron recabadas de forma apresurada a lo largo de la mañana de ayer en el complejo sanitario de La Cadellada. La relación de firmantes coincide parcialmente con la de 149 médicos que el pasado mes de abril, también mediante un manifiesto remitido a LA NUEVA ESPAÑA, reclamaron a la Consejería de Sanidad la introducción de cambios en la ejecución de las próximas oposiciones de médicos. Su objetivo -enfatizaban- era que no se repitan situaciones en las que los "amiguismos" y las "trampas" desempeñen un papel determinante en los resultados finales. En aquella ocasión, la recopilación de firmas se prolongó durante varios días y alcanzó a la totalidad de la red hospitalaria autonómica.

Desde la publicación de aquel manifiesto han transcurrido seis meses. En este nuevo escrito, los médicos aluden al anterior, y lo hacen en tono crítico. "La respuesta por parte de la Administración podríamos definirla como nula, con tibias manifestaciones de buenas intenciones, pero nada más", subrayan. Y agregan: "Una vez puesto en marcha un nuevo proceso selectivo para 2016-2017, asistimos estupefactos a la repetición de la misma metodología de selección que en la OPE anterior".

Los médicos interinos rechazan de forma particular la presencia de casos prácticos que deben ser leídos en presencia del tribunal evaluador. A su juicio, constituyen un terreno abonado para filtraciones y favoritismos. Precisamente a evitar este tipo de preguntas se dirige una proposición de ley presentada por Podemos, que será debatida en el Pleno de la Junta el viernes de la próxima semana.

Acerca de la información publicada ayer por este periódico, relativa a la petición de la Consejería de Sanidad de no ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo sobre la oposición de medicina interna, se pronunciaron diversas entidades. Desde el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA), su secretario general, Antonio Matador, precisó que la organización no ha definido una postura, pero a título personal señaló que "es una decisión que me deja un poco perplejo". Según Alejandro Braña, presidente del Colegio de Médicos, "es una situación insólita, muy peculiar, en la que preferimos no interferir en este momento. Era una sentencia clara y contundente del Supremo, y estamos a la expectativa de lo que determine la justicia". El diputado regional del PP Carlos Suárez se mostró "sorprendido". "En teoría, la Consejería de Sanidad tiene que volver a convocar la prueba y no vemos cómo pueden evitar cumplir la sentencia". Desde Podemos, el diputado Andrés Fernández Vilanova afirmó que "esta situación refuerza más, si cabe, la necesidad de aplicar cuanto antes la propuesta de ley planteada por nuestro grupo parlamentario".