El personal de Gispasa cifró ayer en 500.000 euros anuales el ahorro para las arcas del Principado que implican las funciones que desarrolla esta empresa pública que en su día fue creada por el Gobierno asturiano para impulsar la construcción del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y del Hospital Álvarez-Buylla de Mieres. Actualmente, Gispasa gestiona el mantenimiento y la explotación de los servicios no asistenciales de estos centros sanitarios. Beatriz Herrero, directora jurídica de Gispasa, puso de relieve que la supresión de esta empresa supondría tener que pagar a la Hacienda pública, en concepto de devolución del IVA, 6,6 millones de euros más, hasta alcanzar un total de 42 millones.

Entre tanto, el síndico de cuentas Antonio Arias alertó sobre una eventual disolución de Gispasa: "Es un proceso que tendría muchos gastos, muchas contingencias fiscales de bastantes decenas de millones de euros. Sus señorías deben tener esto presente antes de proceder avanzar por esta línea", argumentó.

Estas cifras fueron esgrimidas ante la Comisión de Hacienda y Sector Público de la Junta General del Principado, donde se debatió una proposición de ley presentada por Podemos y encaminada a suprimir Gispasa. Tamara García, responsable de Arquitectura y Servicios de Gispasa, habló en nombre de los 18 trabajadores de la empresa: "Nuestro objetivo es el mismo que el de ustedes [los diputados de la Junta]: sostener la calidad de los servicios. Siempre hemos intentado dar soluciones más allá de los problemas que surgen, porque al final no están ni las cifras, ni las estadísticas; al final siempre estamos las personas, los trabajadores y sus familias con nombres y apellidos", subrayó Tamara García.

Según Ángel López, técnico de salud del Servicio de Salud del Principado (Sespa), "Gispasa es una anomalía que puede corregirse ampliando sus competencias a todo el Sespa, o bien reformando el Sespa y asignándole esas responsabilidades". En su opinión, "no sería muy prudente integrar estas funciones en el Sespa y desde luego yo no lo haría sin antes reformular el Sespa".

Juan José Álvarez, subdirector de Gestión del Sespa, subrayó que la llegada de Gispasa no incrementó el volumen de externalizaciones que se hacían anteriormente. El médico jubilado Laureano López Rivas, durante varias décadas jefe del servicio de Digestivo del Hospital San Agustín de Avilés, lanzó una pregunta retórica: "Si tantas son las bondades de Gispasa, ¿por qué no se implanta este modelo en todos los hospitales del Sespa?".

Previamente, habían comparecido en la Junta varios trabajadores del área de mantenimiento del HUCA. Algunos de ellos criticaron solapamientos y confusiones entre las responsabilidades de este servicio y las que desempeña Gispasa. Javier Álvarez Villa, representante de Conceyu por otra Función Pública, tildó a Gispasa de "empresa pública tapadera". María Jesús Suárez, presidenta del comité de empresa de Lacera (compañía que tiene adjudicadas las tareas de limpieza del Hospital Central), afirmó que se están descuidando las medidas preventivas, de modo que "las prácticas diarias dan pie para que las infecciones aumenten desmesuradamente, y por eso no se publican los datos al respecto".

Yolanda López Mínguez, trabajadora de Gispasa, fue hasta hace pocas semanas directora económica y de profesionales del HUCA. A su juicio, Gispasa es una herramienta "útil y necesaria" que "puede tener funciones de planificación o evaluación, siempre que estén alineadas con la estrategia del Sespa y la dirección del Hospital para hacerlas más útiles".

Jesús Cañas, jefe de taller del HUCA, subrayó que "la acción de Gispasa dilata la solución de los problemas técnicos". Sócrates Fernández, operario de mantenimiento del complejo sanitario, indicó que, en el cuidado de los equipos e instalaciones, "existe confusión sobre el papel del personal de mantenimiento del HUCA y el de las contratas de Gispasa".

La segunda sesión del debate se desarrollará el próximo 6 de marzo. Están convocados el expresidente del Principado Vicente Álvarez Areces, impulsor de Gispasa, y los exconsejeros Faustino Blanco y Jaime Rabanal.