"Mis perros están bien y documentados, tienen papeles". Así de contundente se mostró ayer el dueño de los perros del presunto criadero ilegal de San Claudio, quen un ovetense denunció por las condiciones "insalubres" de los animales en el recinto. El responsable de las instalaciones -que no ha querido desvelar su identidad- guarda en la finca diez perros: "cinco son míos y otros cinco se los guardo aquí a unos amigos". Desmiente que el recinto sea un criadero pero sostiene que algunos perros los regala y por otros acepta algo de dinero para los gastos de comida y vacunación. La Policía Local y una patrulla del Seprona se personaron ayer en la finca, en el barrio de Cantulloso. La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar si existe maltrato animal y comprueba si el responsable de los perros tiene los permisos para la venta y posesión de animales domésticos. No consta a las autoridades ningún criadero regulado en la zona.

"Los dos pastores alemanes son míos y los metí aquí cuando me fui a vivir a un piso", aclara el responsable de los canes. Le pidió la finca a un conocido para poder guardarlos. De eso hace algo más de un año. Después llegaron otros perros de "conocidos que no tenían donde meterlos" y tres perros de caza que él mismo fue a buscar a La Coruña, Orense y Gijón, ante los anuncios de cazadores ofreciendo perros que "ya no sirven para cazar".

El responsable del supuesto criadero ilegal se considera un amante de los animales y asegura pasar entre dos y tres veces al día por San Claudio para cuidar de sus perros. El relato contrasta con las macabras imágenes que describió ayer un vecino a LA NUEVA ESPAÑA: perros con infecciones en "condiciones vergonzosas", cachorros en jaulas y la desgarradora estampa de un perro con las tripas fuera. La persona que dio la voz de alarma también apuntó a la venta de animales de forma irregular con "mastines a noventa euros y los pastores alemanes a doscientos". El responsable del recinto responde alto y claro: "No tengo nada que esconder, los perros son míos y en alguna ocasión los vendo para sacar para gastos". Con respecto al animal muerto, tiene claro que se trató de un enfrentamiento entre los animales por una cuestión territorial.

Los equipos del Seprona ya investigan el caso. La inspección por parte de un veterinario determinará si el dueño de la finca incurre en un delito por maltrato animal, tras examinar el estado de salud de los perros y las condiciones en las que habitan. Por otro lado, se comprueba si la explotación tiene la autorización pertinente para núcleos zoológicos -necesaria en recintos con más de cinco animales- y la licencia obligatoria para la actividad comercial con animales domésticos.

De no contar con los permisos oportunos y no dar cuenta de su actividad, la multa podría rondar los 1.500 euros y se podría proceder al cierre de la instalación.