Nueva crisis de gobierno en el seno del tripartito ovetense. La presidenta de la comisión municipal del "caso Aquagest" y líder de Somos Oviedo, Ana Taboada, se quedó ayer por la mañana sola en su segundo intento de aprobar las conclusiones de la comisión del "caso Aquagest" y cargó contra el PSOE por haberse "aliado" con Ciudadanos para aplazar la votación una semana.

La reunión de la comisión duró poco. Su vicepresidente, Luis Pacho (C's) planteó un aplazamiento para poder revisar la documentación aportada por Taboada. Somos votó en contra, pero sus dos votos no valieron de nada ante los dos votos del PSOE y el medio de Ciudadanos y la abstención de Izquierda Unida y del PP, que se había negado a votar.

Somos entendió que sus socios le habían tendido una nueva trampa, similar a otras vividas en anteriores ocasiones, una especie de encerrona fraguada, además, de la mano de la oposición a lo largo de la mañana en corros y pasillos en el edificio de los grupos municipales.

Tras ver cómo sus socios frustraban por segunda vez la aprobación de las conclusiones del "caso Aquagest", Taboada compareció en el plaza del Ayuntamiento acompañada por la práctica totalidad de sus concejales, visiblemente molesta. "Esta presidenta ha tenido paciencia", explicó, "hemos venido a este gobierno a mejorar la gestión de esta ciudad pero también a levantar alfombras y ser inflexibles contra la corrupción, y sorprendentemente el partido socialista se ha aliado con la oposición para demorar una vez más la conclusiones de esta comisión".

Taboada insistió en que elaboró unas conclusiones hace ya dos meses y que desde entonces el PSOE no ha planteado ninguna alegación, y sólo Izquierda Unida presentó enmiendas concretas. Y pidió a los socialistas "reflexionar" porque "la corrupción", sentenció, "no se puede demorar más".

La explicación de los socios de gobierno de Somos, y en parte también de la oposición, tiene más que ver con la forma que con el fondo. Aunque los tres socios habían hablado el viernes de este asunto, Izquierda Unida no presentó sus alegaciones hasta el domingo, y los socialistas pusieron sobre la mesa un documento genérico de buenas voluntades pero sin medidas concretas. Con esos materiales, Ana Taboada rehizo sus conclusiones y buscó una fórmula para que se pudiera votar ayer: llevó las conclusiones viejas a la comisión y pidió a Izquierda Unida que planteara sus enmiendas de viva voz. Sin embargo, "para ahorrar trabajo", según explicó Taboada, también había enviado un nuevo texto que incorporaba "teóricamente", en palabras de PSOE e IU, las alegaciones de Izquierda Unida. Ese texto llegó ayer a las ocho menos cuarto de la tarde a todos los grupos, y la duplicidad de documentos y la falta de tiempo para analizar el nuevo borrador fue lo que provocó que se impusiera el aplazamiento.

Los reproches posteriores de la portavoz de Somos no sentaron bien al PSOE. El concejal de Seguridad, Ricardo Fernández negó cualquier boicot, toda alianza con Ciudadanos y sugirió a Somos que "nadie tiene que darles lecciones" sobre lo que supone ser riguroso y cumplir los acuerdos de gobierno. "Lo que hay que entender es que no actuamos al dictado de nadie, ni de Ciudadanos ni de otros. Tenemos nuestro propio criterio y ese es que hay cosas que corregir en las conclusiones y ayer (por el lunes) estaba leyendo un nuevo documento a las once de la noche", razonó el edil socialista. "Centrémonos un poco", pidió Fernández, "una comisión como esta requiere revisar los textos con tiempo y con rigor, y el PSOE tiene muy claro las responsabilidades que se pueden pedir en un juzgado y en una comisión"

Cristina Pontón (IU), recordó que sus alegaciones pretendían "eliminar el lenguaje especulativo de las conclusiones y darle al texto la seriedad que merece". Y recalcó que "los tres grupos tenemos una visión parecida, estamos de acuerdo en el fondo y en el espíritu de las conclusiones".

La crisis promete resolverse hoy, a la una de la tarde, en una reunión entre los tres socios de gobierno. Detrás de los reproches y de las cuestiones formales, deberán matizar hasta dónde llega el texto final de las conclusiones. Taboada, en su formulación inicial, acusa a Caunedo y al interventor de ser los responsables de una supuesta actuación irregular al haber devuelto el aval a Tribugest. PSOE e IU quieren rebajar el tono del texto para evitar juicios de valor sobre hechos que, entienden, no han sido probados.