Estaba embarazada de 38 semanas. Acudió al servicio de Urgencias del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) por molestias en el abdomen y la zona lumbar. Le realizaron un análisis de orina y dio positivo al consumo de éxtasis. Los médicos la llamaron, pero se había marchado del hospital sin previo aviso (más tarde alegó que el médico que tenía que explorarla estaba en los paritorios y no le aclaraban a qué hora podría atenderla). Los sanitarios consideraron que aquello era un "alta por fuga" e informaron de ello a la trabajadora social por considerar que había una situación de "riesgo fetal". Sucedió el 27 de septiembre del año pasado.
Una semana después, de nuevo ingresó en el HUCA para una revisión. Le informan de que tendrán que provocarle el parto, por lo que debe quedar ingresada. La mujer de nuevo se marcha del hospital, alegando que no puede dejar su coche estacionado tres días en el parking del centro sanitario y que tiene a su mascota sola en su domicilio, en el barrio ovetense de La Argañosa. "Quería ir a mi casa a buscar mis cosas para prepararme para el parto", apunta la paciente. Sin embargo, el personal del hospital dio parte de nuevo a la trabajadora social y al médico jefe de guardia, y en esta ocasión la alerta llegó a la jueza de guardia, que avisó a la Policía Local, bajo el argumento de que existía un riesgo vital "no sólo para la mujer, sino para la criatura". Era el 3 de octubre.
El aviso dio lugar a un notable despliegue de policías y ambulancia junto al domicilio de la paciente, "llegando incluso a cerrar la calle", precisa la mujer. La instan a retornar al HUCA, así lo hace y al día siguiente, 4 de octubre, le provocan el parto -"previsto inicialmente para finales de octubre"- y da a luz a una niña sin complicación alguna. A los dos días, recibe el alta, pero a la madre y al padre de la pequeña les comunican que su hija deberá seguir en el hospital "por decisión del Instituto Asturiano de Atención Integral a la Infancia". La Administración había incoado un expediente de protección que incluía "paralizar el alta hospitalaria del nasciturus cuando nazca".
Es entonces -según la paciente- cuando la informan del resultado del test de orina. La mujer -con iniciales C. D. M., de 42 años, nacida en Cuba, residente en Asturias desde hace dos décadas y madre de dos hijos de 17 y 15 años- negó taxativamente haber consumido éxtasis. "En mi vida he visto la droga", enfatiza.
En su historial médico sí consta que el 30 de agosto, con 34 semanas de gestación, había ido al servicio de Urgencias "en estado de embriaguez". Ella lo explica así: "Si tomo una copa de vino se me sube a la cabeza, porque nunca bebo". Entonces le descartaron la presencia de tóxicos en orina y le pidieron cita en los servicios de Salud Mental.
Volvemos al relato de octubre. La recién nacida hubo de permanecer en el hospital dos semanas más. Cuando por fin pudo salir, se indicó a la mujer que empadronara a la niña en el domicilio de su pareja -un hombre de nacionalidad rumana-; en caso contrario, "me quitarían a la niña para ingresarla en un centro materno-infantil".
No ocurrió así, pero la mujer subraya que "durante meses" estuvo sometida a "una intervención de los servicios sociales del Ayuntamiento de Oviedo. El protocolo incluyó, siempre según la afectada, "un seguimiento continuo de mi vida e intimidad personal y familiar totalmente superfluo". Una actitud que la hizo sentirse "cuestionada como madre en todo momento", con "completos registros" de su domicilio y el de sus familiares, y "constantes visitas y entrevistas por parte de los profesionales" que le ocasionaron "un cuadro de ansiedad y estrés totalmente innecesario".
Ante esta situación, C. D. M. solicitó una comprobación del análisis que dio lugar a tal movilización administrativa. Además, su hija no presentaba signo alguno de daño derivado de un hábito tóxico de su madre. Se repitió la prueba y dio negativa. O sea, el primer test, aquel del 27 de septiembre, había dado un resultado erróneo. Este contraanálisis fue efectuado a finales del pasado mes de octubre. Sin embargo, la mujer asegura que el "hostigamiento" por parte de Servicios Sociales no cesó hasta hace pocas semanas, cuando por fin el HUCA respondió a sus reclamaciones con un documento -fechado el pasado 31 de enero- en el que reconoce el error de la primera prueba.
C. D. M. presentó el pasado día 14 una reclamación ante el Servicio de Salud del Principado (Sespa) en la que solicita una indemnización de 40.000 euros por los daños y perjuicios que le ha causado el fallo del análisis. Si esta petición no es atendida, acudirá a la vía contencioso-administrativa.
A preguntas de este periódico, fuentes del HUCA eludieron entrar a analizar el caso concreto, pero sí indicaron que "todos los tests tienen un determinado número de falsos positivos; por eso se hacen test de contraste". "No es un error del hospital. Hablamos de un test de despistaje que es susceptible de producir falsos positivos y falsos negativos. Eso sucede en cualquier entorno, por ejemplo en tests de alcoholemia, y para corregir posibles fallos se contrastan con un test más específico, como se hizo en este caso".
