La vía judicial se está convirtiendo en una autopista para ingresar en la plantilla municipal como personal de pleno derecho. Los últimos en lograrlo han sido cuatro trabajadores del cibercentro de la Lila a los que la Junta de Gobierno decidió readmitir ayer, evitando así unas indemnizaciones que, en conjunto, costarían unos 200.000 euros a las arcas municipales, según se deduce de una reciente sentencia a favor de estos empleados.

El caso es que en el último año han logrado ese mismo derecho no menos de 111 trabajadores. Se cuentan entre ellos los 29 de Recaudación y 78 más de los programas de colaboración social, muchos de los cuales ya se han incorporado a sus puestos. Todo hace indicar que el número crecerá en los próximos meses, ya que hay varias sentencias pendientes que, salvo sorpresa, también darán la razón a los demandantes.

En concreto, los empleados del cibercentro de la Lila decidieron denunciar al Ayuntamiento para, siguiendo el ejemplo de Recaudación, exigir su incorporación de pleno derecho a la plantilla municipal tras haber sido cesados el pasado mes de noviembre. Una sentencia del juzgado de lo social número 3 de Oviedo les dio la razón. Los magistrados entendieron que los dos administrativos, la coordinadora pedagógica y el monitor de informática llevaban años cobrando únicamente las cantidades aportadas por el Ayuntamiento a la Asociación Amigos de la Informática, de la que dependían, a través de subvenciones. La consecuencia sería una relación laboral directa entre el Consistorio y estos empleados, lo que, por sentencia judicial, obligó al Consistorio a contratarlos o a indemnizarlos. La decisión adoptada ayer en una Junta de Gobierno de carácter extraordinario para abordar este asunto hará que el cibercentro pueda recuperar el programa formativo, suspendido hace ya cuatro meses. Y es que, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, la Asociación de Amigos de la Informática decidió retirar la única oferta presentada para la renovación del servicio por la denuncia.

Previamente, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) confirmó que los trabajadores de colaboración social con contrato en vigor tienen derecho a integrar la plantilla municipal como personal laboral no fijo. En consecuencia, tendrán que ser admitidos los 78 que hay en el Consistorio y muchos de ellos ya lo han sido. El Ayuntamiento se verá obligado a abonar a estos trabajadores las cotizaciones de los últimos cuatro años, así como el sueldo mensual desde un año antes de la fecha en la que presentaron la denuncia y el correspondiente al tiempo transcurrido de entonces a la actualidad.

Los contratos de los trabajadores de colaboración social están destinados a personas desempleadas mayores de 52 años a los que se les completan las retribuciones a cambio de un trabajo para las administraciones municipales.

En abril del pasado año eran los trabajadores de Recaudación los que se vieron favorecidos por un fallo judicial similar. La sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias emitió una sentencia por la que los 29 empleados de la contrata que gestionaba la gestión de los tributos ovetenses tuvieron que ser readmitidos de forma inmediata y asignados a los mismos puestos que tenían en la empresa privada, con las mismas condiciones.