El exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo Alberto Mortera no prevaricó al firmar en 2008 la devolución de un aval a una empresa que había incumplido su compromiso de levantar una industria en Olloniego. Así lo determina la jueza María Elena González a través de una sentencia del juzgado de lo penal número 2 de Oviedo, que también exonera a la exjefa de la sección de Gestión de Patrimonio y el que fuera responsable municipal de licencias por la misma causa.

La Fiscalía solicitaba siete años de inhabilitación para cada uno de los tres acusados, pero después de cuatro jornadas de vista, el propio ministerio fiscal descartó la existencia de un plan preconcebido por los tres acusados para favorecer a la empresa Urvisa. Sí mantuvo que los imputados eran conocedores del "pelotazo urbanístico" que supuso la reventa de la parcela del polígono industrial a otra empresa, incumpliendo la obligación de desarrollar un proyecto.

La magistrada ve probado durante el juicio que Mortera decía la verdad cuando aseguró que firmó la devolución del aval a Urvisa dando por buenos los informes de los técnicos de que la empresa cumplía todos los requisitos. "No existe dato objetivo alguno que permita dudar de la veracidad de su testimonio", señala el fallo, en el que también se deja constancia de la falta de concurrencia de los requisitos necesarios para observar un delito continuado de prevaricación administrativa.

Tampoco ve culpabilidad la jueza en los trámites realizados por los trabajadores municipales. Respecto a la entonces jefa de Gestión de Patrimonio, encargada de emitir un informe favorable a la devolución del aval, la magistrado ve "razonable" su testimonio de que decidió dar luz verde a la operación al contar con informes previos en los que se cumplían todos los requisitos para culminar el procedimiento. En todo caso, la magistrada cree que este tipo de tramitación irregular sería "probablemente formal sin mayor trascendencia para la jurisdicción penal" por lo que no cabría condena por esta vía.

En el caso del responsable municipal de licencias, imputado por emitir el informe que decía que las obras ejecutadas en la parcela cumplían las condiciones de la licencia de concesión, la jueza considera que el documento "era ajustado a lo objetivado en el expediente" por lo que, a su juicio, el empleado público "no faltó a la verdad" al decirse inocente.

Largo sufrimiento

La exjefa de gestión de patrimonio del Ayuntamiento de Oviedo mostró ayer su satisfacción sobre la sentencia, ante la que cabe recurso dentro de un plazo de diez días, pero lamentó el "largo sufrimiento" generado "durante años" por un procedimiento que, a su juicio, ha manchado su imagen y la de sus compañeros de trabajo. A este respecto, el abogado de la funcionaria, José Manuel Fernández González, pidió en nombre de su cliente que el fallo sirva para "limpiar la imagen de los trabajadores del Ayuntamiento de Oviedo" y destacar su labor profesionalidad "con los errores puntuales de los que ninguna persona está libre".