04 de julio de 2018
04.07.2018
 

Las cifras de "Enredadera": 39 detenidos y 92 registros en decenas de municipios

Los jefes de Policía de Fuenlabrada y Pinto, en Madrid, y el empresario José Luis Ulibarri, ya implicado en el "caso Gürtel", entre los arrestados

04.07.2018 | 01:39
Las cifras de "Enredadera": 39 detenidos y 92 registros en decenas de municipios

La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional lanzó ayer una macrooperación en decenas de municipios españoles, Oviedo entre ellos, contra la corrupción en la gestión de sistemas de tráfico y de las multas. Anoche, al cierre de esta edición, el número de detenidos ascendía a 39. De ellos, trece pasarán a disposición del Juzgado de instrucción número 2 de Badalona, origen de toda la investigación, y otros cinco a uno de Astorga (León), donde el juez ha abierto una pieza separada, informaron a "Efe" fuentes policiales. El resto serán puestos en libertad.

A falta de disponer de un balance definitivo, entre los arrestados se encuentra Carlos Ruipérez, alcalde de Arroyomolinos (Madrid), de Ciudadanos (Cs); el empresario leonés José Luis Ulibarri, ya implicado en el "caso Gürtel"; los jefes de la Policía Local de Fuenlabrada y Pinto (en Madrid), el subinspector de ese cuerpo en Plasencia (Cáceres) y la concejala de Seguridad de Villanueva de la Cañada (Madrid), Julia Tortosa. El jefe de la Policía Local de Vélez-Málaga fue llevado a declarar.

Asimismo trascendió la detención de Sadat Maraña, asesor de Cs en la Diputación de León, y de dos responsables de Aplicaciones Gespol, empresa epicentro de la trama desarticulada en la "operación Enredadera" y que desde 2016 pertenece a Valoriza, del grupo Sacyr. Esta firma ha anunciado una investigación interna sobre lo ocurrido.

Las cifras hablan por sí solas. Además de los 39 detenidos, los agentes de la Policía judicial practicaron 92 registros y 21 requerimientos de documentación en ayuntamientos, sociedades y despachos.

La operación salpica a ayuntamientos gobernados por el PP, el PSOE y Ciudadanos. Y también el número de delitos que se investigan habla de la magnitud de la operación de la UDEF: cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Fuentes de la investigación informaron de que los hechos presuntamente delictivos se remontan a 2012 y 2013, cuando se amañaron los pliegos de los contratos municipales adjudicados a la empresa Aplicaciones Gespol, dedicada al mantenimiento informático para la gestión de infracciones de tráfico y seguridad vial.

Sin embargo, en casos como el de Torrelodones, fuentes municipales señalan que el contrato sospechoso se adjudicó en 2010, cuando aún gobernaba el PP, que dio por un "procedimiento negociado sin publicidad" una cantidad de 200.000 euros a la empresa Bibliomática, luego Aplicaciones Gespol.

El listado de municipios afectados es muy amplio e incluye varias capitales de provincia, con registros en los ayuntamientos de Huesca, Lérida, Oviedo, León, Palencia y Teruel.

También en Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Majadahonda, Villanueva de la Cañada, Pinto, Parla y Torrelodones, de Madrid; Tiana y Mollet del Vallés, de Barcelona; Plasencia (Cáceres); Illescas (Toledo); San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre, de León, y Vélez-Málaga, de Málaga.

Además, por orden del Juzgado, la Policía ha requerido documentación a Diputación de Alicante y a ayuntamientos de capitales como Vitoria y Logroño.

También en municipios como Mataró, Montgat, Pineda del Mar, Premiá de Mar y Rubí, de la provincia de Barcelona; Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real y Valdemorillo, de la de Madrid; La Cistérniga (Valladolid), El Puig y Gandía, de Valencia; O'Grove (Pontevedra) y Sant Vicent del Rapeig (Alicante).

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