La Unión de Jefes y Directivos de la Policía Local (Unijepol) criticó este mañana, a través de un comunicado, la "falta de profesionalidad" en el desarrollo de la "operación Enredadera" y cuestinó las detenciones de policías locales que se produjeron a raíz de la investigación de la presunta trama corrupta de amaño de contratos públicos ligados al área de seguridad, unos arrestos entre los que se incluye el del jefe de la Policía Local de Oviedo, José Manuel López, y el del subinspector Fernando Corzo. El comunicado de Unijepol --una asociación nacional a la que pertenece Ajempol, el colectivo de mandos que preside el exjefe del cuerpo en Oviedo-- se reproduce íntegro a continuación:

En relación al desarrollo de la denominada "operación Enredadera", contra supuestos casos de corrupción en numerosos municipios españoles, Unijepol hace públicas las siguientes consideraciones:

1º) Antes que nada y como siempre lo hemos hecho, Unijepol expresa su más absoluto rechazo y condena de cualquier acto de corrupción y, de forma especial, si afecta a los municipios y a las Policías Locales.

2º) Sin perjuicio de lo anterior, no alcanzamos a entender algunas de las detenciones practicadas, y de forma muy especial, las que se han producido en el ámbito de las Policías Locales. Algunos de nuestros compañeros han sido detenidos sin ninguna explicación concreta sobre las razones de su detención; otros, por el mero hecho de haber participado -cumpliendo todos los requisitos legales- en un proceso de contratación con la empresa a la que se atribuye esta supuesta trama de corrupción. Otros compañeros han sido detenidos por el simple hecho de haber mantenido en algún momento alguna relación con los técnicos o comerciales de dicha empresa, que tiene una tradición de más de 30 años y un gran arraigo en los municipios españoles.

Es por ello que esta operación, desgraciadamente, nos recuerda a otras en las que se han producido detenciones o imputaciones masivas contra Policías Locales y que, después, no han logrado un número de condenas proporcional porque, según sentenciaron los propios tribunales, estas detenciones habían sido producto de meras conjeturas, carecían de suficiente base legal o directamente no existían pruebas incriminatorias.

3º) Así mismo, manifestamos nuestro rechazo a la falta de profesionalidad que se ha manifestado en el desarrollo de esta operación. Por ejemplo, en muchos casos, la prensa publicó o incluso llegó antes a los municipios investigados que los propios funcionarios de la Policía Nacional encargada de la investigación. En otros casos, las detenciones se practicaron buscando un circo mediático, sin respeto a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal; tal es así que, en un caso concreto, uno de nuestros compañeros, cuando conoció que se le estaba buscando, se ofreció a acudir inmediatamente, de forma totalmente voluntaria, a las dependencias de la Policía Nacional, ofrecimiento que fue rechazado de plano con el claro fin, a nuestro parecer, de contabilizar una detención mediática más. Tal es así que, a pesar de existir medios para trasladar el material intervenido de forma discreta, se buscó conscientemente la ya consabida fotografía del policía cargando con un ordenador. Estas circunstancias son las que nos generan grandes dudas sobre las formas en la que se ha llevado la investigación y que nuevamente, como en otras ocasiones, no se respetaron los derechos de los investigados.

4º) Por último, rechazamos radicalmente las informaciones publicadas por algunos medios de comunicación, intentando relacionar nuestra asociación con la empresa objeto de investigación o con esta supuesta trama de corrupción. Eso no tiene nada que ver con la realidad, como asociación profesional, que representa a un gran número de jefes y mandos de las Policías Locales de todos los puntos de España, nuestra gestión es transparente y cumplimos con los controles fiscales legalmente establecidos.

Las afirmaciones de estos medios lanzando sospechas veladas sobre nuestro colectivo, sin fundamento alguno, generalizando las acusaciones de esta operación sobre servidores públicos que nada tienen que ver con los investigados, atenta, claramente, contra su dignidad personal y profesional, haciéndose extensivo este daño a la imagen de Unijepol. Es por ello que analizaremos detenidamente las noticias publicadas en ese sentido para adoptar las medidas legales que correspondan en cada caso.