El alcalde, el socialista Wenceslao López, reactiva la reclamación de responsabilidades patrimoniales a Gabino de Lorenzo (PP) y varios de sus concejales por la expropiación de "Villa Magdalena", una operación que, según el actual regidor, ha supuesto un quebranto económico de 48,1 millones a las arcas consistoriales. Después del archivo de los dos expedientes municipales instruidos por una alta funcionaria, y a la vista de que el plazo para actuar finaliza en breve, López presentó ayer en la Junta de Gobierno una propuesta en la que insta a los socios del tripartito a presentar toda la información disponible sobre el caso a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, para que adopte "las medidas que procedan en la defensa del interés general que por ley tiene encomendada". Aunque los tres partidos del gobierno municipal están de acuerdo en exigir responsabilidades a De Lorenzo, la iniciativa de Wenceslao López quedó sobre la mesa, a la espera de un análisis más en profundidad por parte de IU y Somos.
López propone llevar "Villa Magdalena" al Tribunal de Cuentas por tercera vez. Este organismo ya rechazó en mayo de 2011 la existencia de responsabilidades contables, confirmando tal decisión en marzo del año siguiente en respuesta a un recurso del PSOE. Sin embargo, el Alcalde estima que la situación ha cambiado y que, por tanto, como también sugiere un informe encargado por el PSOE a la Universidad de Oviedo, cabría acudir de nuevo al Tribunal de Cuentas.
En concreto, según se recoge en el informe presentado ayer, Wenceslao López sostiene que "el hecho contable" que cuantifica la deuda y "un daño patrimonial cierto de 48.117.410,85 euros", como coste adicional, se constató a partir de los dos pronunciamientos del Tribunal de Cuentas. A su juicio, sobre tal base, estaría justificado acudir de nuevo a ese organismo.
El informe de la Universidad, por su lado, pone de manifiesto que el Tribunal de Cuentas en su primer auto sobre "Villa Magdalena" se refería a la resolución de la expropiación como estaba prevista en el convenio del parking de Uría y la segunda vez que se resolvió, cuando el PSOE recurrió el primer archivo, se ratificó en las conclusiones anteriores. Sin embargo, con el convenio ya anulado por la UE, evitó entrar en otros detalles al considerar que la expropiación estaba todavía en el aire. Ahora, con la factura de "Villa Magdalena" ya abonada, el informe considera que hay opciones para que el Tribunal de Cuentas vuelva a analizar la cuestión.
A la espera del resultado de este nuevo movimiento, el tripartito no ha cosechado más que reveses en su intento de endosar a De Lorenzo y sus concejales la responsabilidad patrimonial por la operación de "Villa Magdalena". El inmueble fue adquirido por 2,6 millones, con un justiprecio para la expropiación de 11,2 millones en 1998, y acabó tasado en 48 millones por el Supremo. Al final, la cuenta ascendió a 62 millones, al sumar intereses, demoras y otros flecos pendientes.
La alta funcionaria que instruyó los dos expedientes municipales abiertos por el tripartito decidió su archivo al entender, en ambos casos, que el órgano encargado de dilucidar si existió o no responsabilidad contable es el Tribunal de Cuentas y que éste ya lo descartó en dos ocasiones. A su juicio, los razonamientos esgrimidos en el informe que el PSOE encargó a la Universidad, que acusa a De Lorenzo y a sus ediles de "culpa grave" por "conducta gravemente negligente", supone "una auténtica instrucción paralela del procedimiento".
