Sectarismo, falta de rigor jurídico y desprecio a la búsqueda del consenso ciudadano. Ésos son los tres males que oposición y demandantes en el proceso contra el cambio de la denominación de veintiuna calles en Oviedo en aplicación de la Memoria Histórica ven como antecedente del nuevo auto que obliga a "volver a la denominación anterior".
El concejal popular Gerardo Antuña arremetió contra el tripartito (PSOE, Somos e IU) calificando su forma de actuar de "sectaria, impulsiva y sin respetar -como así lo acreditan las sentencias judiciales- el procedimiento". "Es totalmente contraria a cómo unos gobernantes serios y responsables han de actuar", insiste. Para Antuña, desde el equipo de gobierno se quiso imponer un callejero "sin consensuar con nadie, creando un comité de personas afines a su forma de pensar, que cambió el callejero sin hablar con los vecinos". En su opinión, "el cambio del callejero ha de hacerse de forma serena, consensuada, con un auténtico y plural comité de expertos, escuchando a los vecinos y respetando la ley. Sólo así evitarán más sentencias en contra y enfrentamientos innecesarios entre los ovetenses".
En el ámbito político, aunque no forman parte del proceso judicial, Ciudadanos está en la misma tónica que el PP. El portavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento, Luis Pacho, afirmó ayer que Oviedo "no se merece" un gobierno que "no es capaz de cumplir la ley ni las sentencias". Pacho cree que ya había quedado claro en la anterior sentencia, del pasado mes de septiembre, que el gobierno iba a tener que reponer el callejero anterior, "pero el sectarismo de este tripartito unido a su incapacidad para gestionar nada, una vez más, nos lleva a un varapalo judicial". Ciudadanos defiende la obligatoriedad de cumplir la ley de Memoria Histórica, "pero sin tomar decisiones arbitrarias como hizo este tripartito con las calles que eligió cambiar, sino buscando el consenso, dado el perjuicio que iba a causar a muchos ciudadanos".
José María Pérez, el vecino de Oviedo que ha demandado al Ayuntamiento por el cambio de nombres de las calles, estaba ayer "muy satisfecho de haber conseguido lo que pretendíamos".
El demandante aplaude el auto del Juzgado de lo contencioso número 6 de Oviedo, que en su opinión sustenta que "no hay fundamento alguno en la ley de Memoria Histórica para que el Ayuntamiento de Oviedo de manera irregular cambie los nombres de las calles diciendo que tenían un tufo franquista cuando no era así". Pérez explicó ayer que la ley en su artículo 15.1 "señala los requisitos para que las administraciones públicas puedan proceder a retirar elementos como placas, rótulos o escudos. Se tienen que dar circunstancias relacionadas directamente con la guerra, la posterior persecución y la represión de la dictadura". Según él, "eso no constaba en ninguna de las placas que han retirado, en las que se limitaban a poner un nombre seguido de un apellido, un grado militar, una profesión y una fecha". "En ninguna había exaltación de la guerra ni de la dictadura, no había ninguna referencia a la represión ni a la dictadura", insiste Pérez.
El auto judicial se sostiene en que el Ayuntamiento no había presentado la documentación que justificase el cambio de nombre "o la causa por la que se retiraban unos nombres y se ponían otros a capricho de la Administración".
En los antecedentes de hecho del auto judicial se dice, en la lectura de José María Pérez, que los acuerdos municipales "son nulos por defecto de ley", lo que llevó ya a los tribunales a manifestarse contra los intereses del Ayuntamiento en dos ocasiones, en 2016 y 2018. "Se recurrieron esas decisiones judiciales, pero el Ayuntamiento no contestó a un recurso de reposición, lo que nos llevó al contencioso", explica el demandante, que cree que "estaba perfectamente establecido ya en sentencias anteriores que las decisiones del Ayuntamiento eran nulas por defecto de ley".
Para José María Pérez, "el Ayuntamiento de Oviedo no cumplió esa sentencia anterior alegando que iba a corregir los posibles errores, pero en realidad no eran errores, era falta de documentación y deficiencias formales y legales". "Que apelen de nuevo", dice Pérez, que cree que "no van a retirar los letreros" aunque exista este nuevo auto judicial.
