La Iglesia asturiana rechaza la decisión municipal de retirar el monolito de la plaza de la Gesta que está justo debajo del ángel que hay en la fachada de la iglesia parroquial de San Francisco de Asís, al entender que ambos elementos forman un único monumento. En sus alegaciones al expediente municipal sobre este asunto, el Arzobispado no se pronuncia sobre la decisión de quitar también otros dos monolitos de exaltación de la denominada "Gesta" de Oviedo que están en el mismo emplazamiento y que son propiedad de la Hermandad de Defensores.

Sí que se refirió ayer a esos dos elementos, y a la negativa de los Defensores a retirarlos, la concejala de Patrimonio, Cristina Pontón. La edil de IU abogó por "sentarse" con la Hermandad para llegar a un acuerdo.

Sobre la retirada del monolito del ángel, la alegación del Arzobispado, firmada por el letrado Armando Platero, sostiene que "supone, a nuestro entender, una mutilación del monumento que afecta a la integridad del mismo con el que forma un todo inseparable, como así consta recogido en los propios antecedentes de la propuesta de resolución que se nos traslada". Según esta versión, "no se puede obviar tampoco la existencia de una cita bíblica puesta en letras de metal bajo el ángel y que, adosadas igualmente al templo, forman todas ellas parte misma del edificio".

En cuanto a la polémica por el cambio de nombre de calles del franquismo, el equipo de gobierno del Ayuntamiento exploró ayer nuevas vías para darle la vuelta al auto de ejecución de sentencia por el que la jueza del Contencioso-Administrativo nº6 de Oviedo había mandado que se repusieran los 21 nombres modificados en la ciudad en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Amparándose en un informe de Abogacía Consistorial, el tripartito quiere alegar que es precisamente esa obligación legal la que les impediría ejecutar la sentencia.

Según el informe de Abogacía Consistorial, la propia jueza dejaba constancia de que el Ayuntamiento estaba obligado a cumplir con la sentencia, El Ayuntamiento no puede alegar imposibilidad material, pues se trataría simplemente de volver a dar las órdenes de modificar los nombres en el catastro y otros organismos y de invertir en un nuevo cambio de placas. Para los abogados, la Memoria Histórica, viene a decir el informe, es una obligación legal que el Ayuntamiento debe cumplir, y si aplicara la sentencia no estaría retirando esas placas de exaltación de franquismo, tal y como señala el citado texto legal.

En esta suerte de "pescadilla" jurídica "que se muerde la cola" a la que trata de aferrarse el tripartito no se apela al primer acuerdo de Junta de Gobierno, tumbado en los tribunales porque faltaba una justificación en las calles elegidas, sino al segundo, en el que se acordó el cambio de 17 calles atendiendo a la Ley de Memoria Histórica, esta vez sí con una motivación desarrollada, y se cambiaron, sin motivación, pero amparándose en las competencias de Alcaldía, las cuatro restantes.

Con esta idea el Ayuntamiento solicitará abrir un incidente de ejecución de sentencia, alegando que quitar los nombres modificados sería incumplir la Ley de Memoria Histórica. Por otra parte, el propio acuerdo motivado también está cuestionado en los tribunales por no ajustarse al contenido de la Ley de Memoria Histórica.