Sus ojos se nublaron al ver la portada de LA NUEVA ESPAÑA de ayer. Dos décadas después de lanzarse en solitario a la aventura de movilizar a la ciudad para recuperar una de las joyas arquitectónicas de la industria ovetense, Violeta Suárez no podía creer lo que estaba leyendo. La noticia de que el Ayuntamiento había alcanzado un preacuerdo con EDP para hacerse con la titularidad de los 13.000 metros cuadrados del antiguo complejo fabril a cambio de 4,5 millones de euros la pilló totalmente descolocada. A ella, a la mujer que 20 años atrás inició por su cuenta y riesgo un movimiento vecinal que reunió algo más de 2.000 firmas pero que impulsó un proyecto de rehabilitación a cargo del 1% cultural, posteriormente olvidado.
"Después de tanta lucha no me lo puedo creer", contaba ayer esta mujer nacida en Morcín, pero vecina del Campo de los Patos desde 1998. La experiencia le invita a echar el freno. "A veces me puede el espíritu realista y me hace pensar que entre las elecciones y la ley de contratos esto puede ser otro bluf", reconoce, a la vez que mantiene la esperanza. "Ojalá de esta vaya por fin la vencida", desea.
Desde el mismo instante en que conoció la noticia, las imágenes y los recuerdos comenzaron a bombardear la mente de la madre de "Gas Ciudad", el colectivo creado para aunar las fuerzas de un pequeño, pero peleón grupo de enamorados del patrimonio industrial ovetense. El arquitecto Miguel Ángel García Pola, al que sólo conoció por vía telefónica, le abrió un mundo de posibilidades. "Me dio un montón de contactos determinantes para empezar a luchar contra los molinos de viento", señala.
Esos contactos eran gente de la talla del arquitecto José Ramón Fernández Molina, la historiadora María Fernanda Fernández, la catedrática Rosario Alonso o la fotógrafa Ana Muller. Todos ellos empezaron a fraguar un equipo al que también se sumaron las profesoras universitarias Gema Adán, Pilar García Cuetos y Raquel Alonso. "Cada uno aportó conocimientos de su campo y ello nos permitió crear un amplio expediente sobre la importancia histórica y arquitectónica de la fábrica", indica sin olvidarse tampoco de las "grandes ideas" del profesor de Edificación y Obra Civil, Carlos Caicoya.
Sin embargo, su apoyo más cercano fue su marido, Daniel Álvarez, un militar fallecido en junio de 2004 que en los noventa hizo un inventario de la fábrica de armas de La Vega y que contribuyó a la causa con sus conocimientos. "Era un hombre extraordinario con gran bagaje cultural", recuerda la mujer, que dedicó cientos de horas con su pareja a investigar, buzonear y recoger firmas para la causa.
Ahora, Suárez sueña con completar su sueño. "Es especialmente sorprendente que se retome la idea tras años enfriando", indica sobre una lucha que dejó de lado hace siete años. "Había un plan para edificar y era luchar contra molinos de viento", cuenta sobre una causa a la que entonces se sumó mucha gente cercana a IU.
Su principal deseo, retomar alguno de los ambiciosos proyectos planteados a finales de los noventa. "Sería brillante recuperar propuestas como convertir el gasómetro en un gran escenario para actuaciones al aire libre", propone la pionera de una lucha cuyo objetivo parece más cercano tras el acuerdo del tripartito con EDP.
