El gobierno tripartito ovetense ha vuelto a lanzar, en esta ocasión por el trámite de urgencia, los contratos para dotar de atención domiciliaria durante los próximos cuatro años a casi un millar de vecinos de edad avanzada. Como desveló LA NUEVA ESPAÑA, esos contratos fueron paralizados en primera instancia por el Ministerio de Hacienda, a través del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. La suspensión del procedimiento partió de un recurso presentado por la Asociación Estatal de Servicios de Atención a Domicilio (Asade) contra los pliegos de licitación de unos contratos que, en conjunto, suman 21,7 millones de euros y que se lanzaron a finales de 2018 para sustituir a los que están en vigor, cuyo periodo de vigencia expira a comienzos de junio.
El recurso de la asociación estatal se basaba en el rechazo a que en los pliegos de condiciones se considerase que el hecho de que las empresas aspirantes tengan una "política de retribución que conlleve una mejora salarial" se considere como "criterio de adjudicación de carácter social" en la convocatoria del área municipal de Atención a las Personas, a cuyo frente está la edil del PSOE Marisa Ponga. Loa técnicos de la concejalía han modificado los pliegos para que la nueva licitación que se inicia ahora salve las reticencias que dieron lugar al recurso y a la suspensión.
La ayuda domiciliaria del Ayuntamiento presta atención a un total de 930 ovetenses, de los que 798 residen en el casco urbano y 142 en el medio rural, contando cada una de estas dos áreas con su propio contrato. El de la zona rural para los próximos cuatro años tiene un valor de 5,8 millones de euros, mientras que el correspondiente a la ciudad suma 15,9 millones.
Además de a la ciudad, esta prestación llega a Latores, Caces, Las Caldas, Sograndio, Santa Marina, San Claudio, Brañes, Loriana, Fitoria, Limanes, Pando, Naves, Mercadín, San Esteban, La Manjoya, Villapérez, La Granja, Lugarín y La Quintana.
