El galimatías judicial de causas, apelaciones y recursos en el que están metidos la Asociación de Vecinos de las cales Gascona e Indalecio Prieto y el Ayuntamiento dio ayer un nuevo giro inesperado al levantar la Audiencia la suspensión que había declarado la jueza de la causa penal. La consecuencia directa es que el Alcalde y los concejales que forman parte de la Junta de Gobierno tendrán que pasar a declarar ante la jueza en calidad de investigados.
Así lo había determinado en primera instancia la jueza en unas providencias del 19 febrero, aunque seis días más tarde, el 25, la misma magistrada había dado marcha atrás y había mandado suspender las investigaciones. El motivo esgrimido entonces para paralizar la causa, y recurrido ahora ante la Audiencia Provincial por los vecinos, representados por el despacho De la Iglesia y Teijelo Abogados, era que los otros dos juicios sobre las actividades de Gascona que se habían celebrado estaban recurridos y a la espera de sentencia. La jueza de la causa penal, que respondía a una denuncia global de los vecinos por indefensión ante el gobierno local y a una hipotética desviación de poder apreciada por Fiscalía, entendió entonces que hasta que no se resolviera de forma definitiva la ilegalidad de la celebración de la Preba de la sidra del año pasado o del Mercado de Gascuña, también en 2018, no se podía juzgar un posible delito penal. La Audiencia rechaza la "incoherencia" o el "error" denunciado por los abogados de los vecinos, pero les da la razón en que la prejudicialidad que alegaba la jueza sólo se podría admitir si las causas pendiente de recurso fueran también penales. Como no es el caso, la Audiencia manda a la jueza que retome las investigaciones previstas, en las que mandaba identificar y tomar declaración a los miembros de la Junta de Gobierno que autorizaron actividades en Gascona desoyendo informes técnicos negativos.
