Vía libre para que el Ayuntamiento de Oviedo contrate con Telefónica el servicio para la puesta en marcha de la tarjeta ciudadana que ya le adjudicó a comienzos del pasado marzo por 79.137 euros. El Tribunal de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, que había paralizado temporalmente el procedimiento atendiendo una reclamación planteada por otra de las compañías que presentó oferta (Atrapalo Software) al concurso, acaba de emitir un fallo desestimatorio del recurso. Y es que el organismo no aprecia que, como reclamaba la firma demandante, Telefónica se alzara con la adjudicación mediante una baja temeraria desde el punto de vista económico.
La tarjeta ciudadana fue la iniciativa que logró más votos de la ciudadanía en los presupuestos participativos de 2018. El servicio contratado a Telefónica consiste en la implantación progresiva de un plan piloto que debería estar listo para entrar en servicio a finales de este año, aunque ese plazo podría verse afectado por el tiempo transcurrido en la resolución del recurso. La cédula, en esa primera fase, se limitará a facilitar información y acceso a las instalaciones deportivas municipales, a los teatros, al Auditorio Príncipe Felipe, a las bibliotecas y al cibercentro de la Lila. En principio, se van a repartir 7.500 tarjetas de uso personal e intransferible, además de otras diseñadas específicamente para los turistas y los asistentes a los congresos de la ciudad.
Según fuentes municipales, la previsión es que la iniciativa se extienda posteriormente a otros servicios dependientes del Ayuntamiento, al transporte público o a las zonas de aparcamiento regulado en superficie. Además, también se incluirán descuentos en algunos precios públicos, tal y como sucede en otras ciudades que ya tienen esta tarjeta.
La primera resolución del Tribunal de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda ante la protesta oficial de la empresa Atrapalo Software fue dejar suspendido el expediente, hasta la emisión del fallo definitivo sobre el recurso, que ha sido a favor del tripartito.
A la hora de justificar aquella decisión inicial, el organismo estatal alertaba de que los perjuicios que podrían derivarse del levantamiento de la paralización del procedimiento de contratación serían "de difícil o de imposible reparación".
